Por: Juan Carlos Gómez

El Plan Nacional de la Ciberseguridad

El viernes pasado la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) celebró un foro internacional sobre la seguridad del software, computadores y redes en el ciberespacio.

Aunque para algunos el tema parezca ciencia ficción, la verdad es que la amenaza es real y concreta y, lamentablemente, existe muy poca conciencia sobre la gravedad del problema.

El ataque a la red de Sony Play Station hace pocos días es apenas un episodio más de los muchos que han sucedido últimamente. Es una realidad que muchos Estados y grandes corporaciones son víctimas de ciber ataques de variada escala que afectan directamente a miles de usuarios y que el fenómeno, en manos de la delincuencia común y de los terroristas, puede llegar a paralizar fatalmente las redes de telecomunicaciones, eléctricas, financieras y de trasporte o colapsar la seguridad nuclear.

El episodio de Wikileaks alertó aún más a los Estados acerca de la enorme vulnerabilidad de los datos que circulan en sus redes informáticas. Ese antecedente reforzará aún más la tendencia de que la cuestión de la ciberseguridad deba estar a cargo de la defensa nacional, bajo la directa responsabilidad de las fuerzas militares y de policía.

Precisamente, esa es la orientación que se le daría en nuestro país al tema de la ciberseguridad, tal como está contemplado en el documento Conpes que al respecto se publicaría en las próximas semanas y cuyos lineamientos generales fueron presentados en el mencionado foro de la CRC. Inspirado, tal vez, en el modelo de Estados Unidos, existiría un órgano supremo (ColCert) del que dependerían el Comando Conjunto Cibernético y el Centro Cibernético de la Policía Nacional.

Llama la atención que, según esa presentación, el documento Conpes no prevea medidas y controles concretos para prevenir que los mecanismos e instituciones de ciberseguridad lleguen a utilizarse para violar los derechos y garantías civiles.

La decisión de entregar el tema al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares debería ser materia de un abierto y transparente debate en el que intervengan los usuarios, los representantes de la industria y los operadores. Al fin y al cabo, todos somos la red.

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