Por: Columnista invitado EE

El poder establecido

Transcurridos casi dos meses desde que el rostro humano de Wikileaks, Julian Assange, solicitara en la Embajada de Ecuador en Reino Unido asilo político, el gobierno ecuatoriano reconoció favorablemente su petición.

El posicionamiento de Ecuador es un acto de soberanía en toda regla que se desmarca del alineamiento de un poder establecido cuyo punto en común es haber estado en el disparadero de las filtraciones de Wikileaks.

El tener como enemigo el establishment económico, político y de los grandes conglomerados de comunicación ayuda a entender la falta de garantías procesales y judiciales concurrentes hasta el momento, que han puesto en común al Reino Unido y Suecia, y que invitan a pensar en intereses subrepticios de Estados Unidos por juzgar a un enemigo público como es Assange.

Mientras Assange se refugie en la Embajada de Ecuador en Londres, quedará protegido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Todo ello, pese a la posibilidad de suspender la inmunidad diplomática que permite la Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares de 1987 para los casos de violación de una ley internacional. Pese a que el Tribunal Supremo británico ya ha reconocido la extradición de Assange a Suecia por presuntos delitos sexuales, activar tal posibilidad podría desencadenar consecuencias muy negativas para el Foreign Office.

Una vez que el salvoconducto o el reconocimiento diplomático no entrañan posibilidad alguna, en cuanto Assange ponga un pie fuera de la Embajada será detenido por las autoridades británicas. Las opciones de tomar un vuelo hacia Quito y hacer valer su derecho de asilo político quedan muy reducidas.

Es de esperar un arduo proceso de negociación en el que sería deseable la intervención de terceros actores de la comunidad internacional y de la sociedad civil.

Jerónimo Ríos Sierra* Analista Político e Investigador en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

 

 

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