Por: María Elvira Samper

El precio del silencio

"MENTIR, MENTIR HASTA MORIR" ES la consigna de los hombres infieles en caso de que los pillen, y todo indica que es también la del comandante del Ejército, general Alejandro Navas.

Pese a la evidencia gráfica y testimonial con que la revista Semana demuestra que en la cárcel militar de Tolemaida se pasan por la faja el régimen penitenciario, el general dijo que eso era cosa del pasado, que “en la actualidad, los detenidos no gozan de privilegios”.

Lo dijo sin ruborizarse y sin que le temblara la voz, como si la evidencia testimonial y gráfica del “Tolemaida resort” no fuera la prueba fehaciente de que el aberrante sistema de privilegios sigue vigente, de que nada o muy poco cambió desde enero cuando él mismo anunció medidas severas para impedir irregularidades, luego de que este diario denunció que dos mayores (r) condenados por narcotráfico y paramilitarismo hacían y deshacían en esa mal llamada cárcel militar.

En un país decente semejante escándalo habría costado varias cabezas —civiles y militares—, pero aquí ni una renuncia, ni una destitución de alto nivel, sólo la baja de un mando medio que impidió una inspección del Inpec en el penal. ¿Iniciativa propia? Dudoso en una institución tan fuertemente jerarquizada como el Ejército. ¿Órdenes superiores? Altamente probable y por muy oscuras razones.

Y entonces se repitió el ritual: apretón de clavijas. Las anunció el segundo comandante del Ejército, general Ricardo Vargas, y lo hizo fresco, como un asunto normal de trámite, como si con ello no estuviera confirmando la veracidad de las denuncias. Y de nuevo se abrió el viejo debate sobre las condiciones de reclusión de militares y policías: ¿dónde encarcelar a los que incurren en violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? ¿Qué hacer con miembros de la Fuerza Pública que cometen delitos comunes? ¿Qué hacer con los que cometen delitos en actos del servicio?

Las mismas preguntas de siempre y un manto de silencio con respecto a las denuncias de algunos detenidos sobre la intervención indebida de militares de alto rango, activos o en uso de buen retiro, para proteger y garantizar condiciones favorables para quienes han sido sus subalternos, muchos de ellos condenados por masacres y ejecuciones extrajudiciales. Mencionan con nombre propio a dos excomandantes del Ejército: al general (r) Mario Montoya, cuestionado por supuestos nexos con paramilitares y quien salió por la puerta de atrás tras el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, y al general (r) Óscar González, protegido y sucesor de Montoya, y quien, según un informe de la Embajada de los Estados Unidos de febrero de 2009 y filtrado por Wikileaks, habría entorpecido la investigación de esos casos.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y la cúpula militar callan. El silencio es oro. Por eso el precio del que guardan los recluidos en “Tolemaida resort” para ocultar verdades incómodas sobre crímenes de guerra y guerra sucia, ha sido, es y con seguridad seguirá siendo pagado con privilegios carcelarios. Parece persistir la idea de que en la guerra todo vale y de que aquellos que violan las normas para limitar sus efectos, sobre todo en la población civil, son más héroes que villanos.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de María Elvira Samper

Más violencia no destraba el proceso de paz

¿Quién le teme a Vargas Lleras?

Un abismo entre obispos

Fiscal desbocado