Por: Cecilia Orozco Tascón

El Presidente decide

CON LA DISCUSIÓN SOBRE EL PRO-blema de elegibilidad de la terna que el mandatario anterior le presentó a la Corte Suprema para que ésta seleccionara al nuevo Fiscal General, sucede lo mismo que con el debate sobre la gran operación de espionaje que montó el DAS: se habla de todo, excepto de su origen.

En materia del complot que la agencia de seguridad oficial desató durante el segundo gobierno Uribe contra sus supuestos enemigos, los descubrimientos llegan a la antesala del despacho presidencial, pero nadie se atreve a pasar al otro lado. En cuanto a las críticas que se le hacen al alto tribunal por no obtener el mínimo de votos exigidos para nombrar Fiscal, pocos se preguntan por qué esta Corte —y sólo ésta— no ha podido ponerse de acuerdo sobre alguno de los candidatos. Los comentaristas se limitan a darle la espalda al pasado reciente y a pedirle que escoja rápido. El fondo del asunto queda, pues, supeditado al resultado práctico. Solución muy uribista, por cierto. ¿Será que el azar reunió al cuerpo de magistrados más conflictivos de la historia de Colombia? ¿O un poderoso factor humano externo habrá creado este embrollo? Más importante sería responder si el impedimento para elegir subsiste.

Sigamos la pista: la persecución del DAS a la Corte se incrementó y se amplió en la época en que la Sala Penal realizaba la mayor cantidad de indagaciones y concretaba juicios por la parapolítica y por la yidispolítica. Y, específicamente, se intensificó cuando se activó el proceso y se emitió la primera orden de captura contra el ex senador Mario Uribe, familiar presidencial. En la Fiscalía que dirigirá en propiedad la persona que elija la Corte, existen todavía investigaciones en curso, de honda repercusión, sobre parapolíticos, yidispolíticos y, ni se diga, sobre los inspiradores intelectuales de la conspiración del DAS. El país está cerca de saber la verdad y, aunque no de reparar, sí de hacer mediana justicia sobre los ominosos hechos de un período negro de la política. En este punto, ¿qué será fundamental: elegir a quien quiera que alcance 16 votos de una terna escogida por uno de los interesados en los procesos pendientes, o elegir a un jurista probo e independiente que salga de un trío insospechable?

Juan Manuel Santos ha indicado que es importante “tener muy pronto un Fiscal designado en propiedad”. No obstante, no se le ha puesto atención al complemento de su frase: “(señores magistrados:) pueden contar con toda (mi) colaboración a fin de encontrar fórmulas que les den tranquilidad en el cumplimiento de esta tarea, sin que cerremos por anticipado ninguna puerta”. El ministro Vargas Lleras ha sido más explícito en decirles a los magistrados que soliciten otra terna, si así “se allanan las dificultades”. Rafael Pardo, aliado del nuevo gobierno, aportó lo suyo: “si el Mandatario tiene plenas facultades para definir la terna según su propio criterio, también (las) tiene para modificarla…”. El Presidente actual sabe que esta Corte temerosa de que la Fiscalía, en manos inadecuadas, termine cerrando impunemente los procesos pendientes, no “está tranquila” con la terna. Pero no quiere dar el primer paso para evitar un enfrentamiento con su antecesor. Sabe también que el tribunal está dividido entre unos togados amigos y parientes de los investigados, a cuyas fiestas asisten; y otros que han hecho uso de su “potestad de veto”, como dijo el maestro Osuna, y de su derecho a votar en conciencia. El jefe de Estado decide si envía una terna de juristas, de la altura de sus ministros, o si cede ese poder, temeroso de su sombra tutelar.

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