¿Cómo responder a los retos en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible?

hace 11 mins
Por: Eduardo Sarmiento

El primer año de Santos

En el primer año de la administración Santos se afianzó el modelo que se impuso en las últimas dos décadas. Los anuncios para darle un mayor contenido social no han tenido mayor impacto en la realidad.

Las locomotoras contempladas en el Plan de Desarrollo no han afectado mayormente el perfil de la economía. En unos casos se trata de actividades que no tienen la capacidad de arrastre y en otros no se contemplan dispositivos específicos para promoverlas. Así las cosas, el perfil de la economía tiende a ser determinado por el libre comercio, el banco central autónomo y las condiciones externas, y en lo esencial corresponde a la misma composición que venía de atrás liderada por la minería. El producto nacional avanza a las tasas históricas impulsado por el crédito, la especulación y las importaciones. Se replican los historiales de economías, como la peruana, donde el crecimiento del PIB supera ampliamente los ingresos del trabajo y la mayor parte de los beneficios se concentran en el capital.

Curiosamente esta estructura es la menos propicia para los anuncios oficiales en materia de reducir el desempleo y la informalidad. La minería es el sector que genera menos empleo, y su expansión, como bien lo ilustran las experiencias de la enfermedad holandesa, se hace a expensas de la industria y la agricultura moderna, los sectores con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo bien remunerados.

Por lo demás, las acciones específicas del Gobierno para promover el empleo y la formalidad están basadas en la creencia de que las dolencias laborales se originan en altos salarios, y se buscan contrarrestar con la reducción de los parafiscales y exenciones tributarias a las empresas, que se ven seriamente limitadas por la sostenibilidad fiscal. En cambio, no se ha hecho nada para evitar el abaratamiento de las importaciones, que es la verdadera causa de la destrucción del empleo formal. Por el contrario, al fracaso del Banco de la República para detener la revaluación se agregó la reducción de los aranceles. La insensatez tuvo su manifestación más clara en el espectacular aumento del 55% de las importaciones en junio.

La política pública no aprendió la lección de la experiencia. La reforma a la salud aprobada el año pasado y la pensional en ciernes consolidan la privatización de la Ley 100, el proyecto de ley sobre reforma educativa abre el lucro individual a la educación superior, y la regla fiscal subordina aún más los derechos fundamentales a los criterios fiscales. El mayor juego a los incentivos de mercado incrementará el poder monopólico de los agentes privados para apropiarse de los recursos públicos, obstaculizará la orientación de los servicios básicos de calidad a los sectores menos favorecidos y erosionará la base institucional de los derechos fundamentales.

Para completar, el Gobierno anunció una reforma tributaria, que en honor a las propuestas de la campaña, no incrementará los recaudos fiscales, y en su lugar, se orientará a propiciar los negocios, la competitividad y el empleo. Los confusos propósitos significan en plata blanca que se bajarán las tarifas de la renta y se debilitarán los parafiscales, a tiempo que se compensarán con la ampliación de la base tributaria, que adquiere la forma de una ampliación del IVA y de mayores gravámenes al trabajo.

Al cabo de un año, se configuró una estructura productiva que reduce la participación de los ingresos del trabajo en el PIB, propicia la informalidad y dispara las rentabilidades del capital, y se gestó una política pública de gasto social de mala calidad y tributación regresiva que no modifica las condiciones relativas. En balance, la economía avanza a las tasas históricas con altibajos y crecientes desigualdades.

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