Por: Yesid Reyes Alvarado

El problema carcelario

En los últimos días han vuelto a quedar en evidencia antiguos problemas de nuestro sistema carcelario y se avanza en propuestas de diversa índole orientadas a buscarles soluciones.

Se habla de recurrir al sector privado para la construcción de nuevos centros de reclusión, del funcionamiento de bandas criminales al interior de los existentes y de acabar con los abusos de algunos prisioneros recluidos en sitios con bajos niveles de seguridad.

Sobre la necesidad de aumentar la capacidad de las prisiones no debe haber mayor discusión, dado el alto nivel de hacinamiento actual. Aun cuando suele haber recelo cada vez que se habla de la posibilidad de que se recurra a los particulares para hacer cárceles, se trata de una opción que, bien manejada, ofrece más ventajas que inconvenientes. La inversión económica estaría a cargo de empresas privadas, que no sólo deberían edificarlas conforme a los parámetros de seguridad trazados por el Estado, sino que estarían obligadas a mantenerlas en óptimas condiciones de funcionamiento. A cambio de eso, los propietarios de esas edificaciones recibirían una suma de dinero por cada persona recluida en sus instalaciones y se encargarían de su alojamiento, salud y alimentación en las condiciones señaladas por la ley. En este esquema es importante que la vigilancia de las penitenciarías, así como el traslado de los reclusos, siguiera estando a cargo de un organismo estatal especializado como el Inpec.

Debería aprovecharse la oportunidad para diseñar varios tipos de cárceles, no con la idea de separar a los detenidos preventivamente de los condenados (que hace años no se cumple en nuestro país), sino para distribuirlos en función de su peligrosidad; se podrían edificar prisiones de baja, media y alta seguridad, en las que las condiciones de reclusión deberían ser variables, no sólo por la clase de crimen cometido por el recluso y sus antecedentes, sino por su comportamiento durante el tiempo de privación de libertad.

Por ejemplo, un condenado por delitos leves (piénsese en unas lesiones ocasionadas por un conductor imprudente) podría tener un régimen de visitas laxo, o ciertas facilidades para acceso controlado a teléfonos o computadoras e interacción con otros reclusos. Por el contrario, aquellos que han sido sentenciados por hechos graves o que desde las prisiones continúan comportándose al margen de la ley (extorsiones o amenazas y atentados contra personal vinculado a la administración de justicia) deberían tener un régimen más estricto, para impedir que utilicen sus posibilidades de contacto con el exterior para continuar haciéndolo o para ejercer cualquier tipo de presión indebida sobre el aparato judicial.

Así, mientras los particulares construirían y mantendrían en funcionamiento la infraestructura carcelaria y se encargarían de la manutención de los reclusos, el Estado podría centrarse en una adecuada clasificación y vigilancia de los mismos, que no sólo permita mantener separados a los delincuentes en función del peligro que representen para la comunidad, sino que además reduzca las posibilidades de que continúen con sus actividades criminales al interior de las cárceles.

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