Por: Arlene B. Tickner

El problema de seguridad y defensa

Si bien desde la independencia latinoamericana hasta finales de la guerra fría, la teoría y la práctica de la seguridad estuvieron en manos militares, durante las últimas décadas se han desarrollado nuevas aproximaciones que desafían las lecturas tradicionales sobre dicho concepto, entre ellos, la seguridad “democrática” (sin parentesco alguno con la versión uribista), “ciudadana” y “multidimensional”.  Pese a su papel neurálgico en la vida nacional, en Colombia el asunto de la seguridad no ha sido del resorte de los sectores políticos progresistas, la academia, los medios ni la sociedad en general.  Una revisión crítica de la recién lanzada política de seguridad y defensa (PDS) recalca la importancia de un mayor debate.  

En términos generales, la PDS refleja la ansiedad del estado en torno a su propia incapacidad de ejercer control territorial soberano, la cual se traduce en la construcción indeseable de nuevas amenazas, el desarrollo de medidas militarizadas para confrontar a éstas, y cierta apatía ante las necesidades diferenciadas de la gente, en especial los sectores más vulnerables.  Llama igualmente la atención la atronadora ausencia de la paz como horizonte deseable de cualquier estrategia de seguridad.

A ojos del gobierno Duque, “las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia” e incluyen desde los grupos de delincuencia organizada (GDO) y actividades ilícitas como el narcotráfico hasta los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias, la migración, la tolerancia del terrorismo, el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad y el agua, las pandemias y las armas de destrucción masiva.  Como ha demostrado la Escuela de Copenhague, una de las corrientes centrales de los estudios de seguridad, cuando algo se “securitiza” el estado justifica la adopción de políticas extraordinarias que alejan su manejo de los canales democráticos normales. Entre éstas, la militarización se ha tornado la más común.  En buena parte de América Latina, los altos niveles de violencia y criminalidad han llevado al uso creciente de estrategias de “mano dura” así como su aval por parte de la sociedad.  Sin embargo, la evidencia empírica sugiere no solo que la militarización no es más efectiva, sino que genera efectos perversos, incluyendo el aumento de la violación de los derechos humanos, la reducción de la transparencia estatal y el reforzamiento de lógicas amigo/enemigo que pueden agudizar la polarización social.  

Pese a que la idea de la seguridad ciudadana enfatiza los deberes de las democracias hacia las personas, rara vez su bienestar es el foco de atención de la PDS y mucho menos contempla mecanismos reales de rendición de cuentas, control civil e interlocución con la sociedad.  Además de eludir la responsabilidad del estado como garante de la seguridad mediante la absurda tesis de que los ciudadanos deben velar por su propia protección, formula la creación de una (no tan novedosa) red de participación cívica que fácilmente legitima la necesidad de armar a la población.  

 

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