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El problema está en el sistema de salud

Antieditorial
15 de junio de 2020 - 05:00 a. m.

Por Francisco Rossi, M.D.

En respuesta al editorial del 11 de junio de 2020, titulado “Por Dios, ¿hasta cuándo?”.

Aunque compartimos el editorial sobre las amenazas al personal de salud, debemos hacer notar que se trata de un fenómeno en el cual, más que las reacciones individuales ante el miedo y otras irracionalidades, cumplen un papel determinante las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud (las mujeres son mayoría), y el trato que reciben de las autoridades.

Con razón protestaron algunos gremios médicos ante el desafortunado señalamiento del ministro de Salud al manejo de algún caso en alguna UCI sobre el cual ya se ha discutido lo suficiente, y el propio ministro se ha arrepentido. Pero esta salida en falso hace que uno se pregunte: ¿a quién le contesta el teléfono el ministro?

Mucho se ha insistido en que el principal problema de las instituciones de salud es que no tienen trabajadores. No para atender a los enfermos, solo personal administrativo. Pero los médicos, enfermeros y enfermeras, auxiliares de enfermería y un largo etcétera son trabajadores independientes. Ya advertían Fedesalud y la Federación Médica Colombiana sobre la irracionalidad de que los profesionales utilizaran uniformes de trabajo en la calle y el transporte público. Los uniformes son responsabilidad del empleador, pero los profesionales de la salud no son empleados. ¡Trabajan por su cuenta! El inexplicable galimatías del COVID-19 como accidente de trabajo o enfermedad profesional y el absurdo debate sobre a quién le corresponde entregar los insumos de bioseguridad solo se entienden por esta brillantez de la Ley 100.

El 4 de junio se expidió el Decreto 800 para mejorar “el flujo de recursos”. En la declaración de emergencia en marzo se destinaron cuantiosas sumas a la salud, pero no para los hospitales, ni las clínicas ni los profesionales. Para las Administradoras de Planes de Beneficios en Salud, el nuevo nombre de las EPS. Pasaron 90 días de zozobra para que el Ministerio de Salud pensara que, en una emergencia, el dinero debiera ir a donde van los enfermos. Fue necesario que los hospitales advirtieran al Ministerio que estaban haciendo recortes de personal, pues como sus ingresos dependen de los servicios facturados, con la emergencia de la pandemia nadie quiere ir a un hospital aun en estado grave.

Nuestro sistema de salud convirtió en evangelio aquello de cambiar los subsidios a la oferta por subsidios a la demanda. Puso el dinero en un manojo de poderosas empresas con funciones de pagador inteligente, que ya sobrepasaron 25 años sin cumplir los requisitos de solvencia, reservas técnicas y, sobre todo, de suministro de información sobre lo que hacen con las contribuciones a la salud de los ciudadanos. Como contribuyente uno espera que sus contribuciones sirvan para que los hospitales y las clínicas tengan los recursos para estar preparados en situaciones normales, pero especialmente en caso de emergencia. Uno se vuelve a preguntar: ¿a quién le contesta el teléfono el ministro?

 

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