Por: Germán González

El Procurador y el TLC

Sorprende, preocupa y es inaceptable que el estudio realizado por el Procurador sobre la constitucionalidad del TLC haya concluido respecto al Capítulo de Telecomunicaciones: “es un intento de toma hostil del mercado de los servicios de telecomunicaciones en Colombia, ya no mediante ofertas económicas irrehusables, sino por la vía de la imposición normativa utilizando el derecho internacional como vehículo para dicho propósito”.

Si al menos se hubiese revisado la normativa internacional que ha incorporado Colombia a su legislación, ahora no se estarían creando fantasías de tomas hostiles de mercados, ni se invocarían conceptos trasnochados de soberanía o principios equivocados de equidad, igualdad, reciprocidad y seguridad jurídica.

El concepto de servicio público de telecomunicaciones, los principios de acceso a bienes públicos como espectro y órbita geoestacionaria, los que implican el derecho a usar o acceder a redes de otros operadores, han sido simplemente reiterados en el TLC.

El error del análisis de la Procuraduría es considerar el Capítulo como una herramienta para solucionar problemas estructurales del mercado de telecomunicaciones colombiano y como no lo hace, implica, a su juicio, la toma hostil del sector por parte de EE.UU. Con el TLC las autoridades colombianas no pierden sus facultades: de regular o de intervenir en el sector, de vigilar y controlar a los prestadores de los servicios públicos, ni de establecer criterios para definir el alcance de las obligaciones sociales en esta materia.

El concepto del Procurador hubiese sido otro si, además de revisar algunas sentencias constitucionales relacionadas con los compromisos de Colombia en materia de telecomunicaciones, hubiese estudiado el texto con el prisma que significa este Capítulo en el TLC: reconocer abierta y estratégicamente que las tecnologías y las infraestructuras de telecomunicaciones es el medio de transporte por excelencia de miles de servicios que se prestan de manera transfronteriza, que aseguran a cualquier empresario que sus servicios sean provistos a muchas personas de manera expedita, económica, transparente y en beneficio de los consumidores que necesitan servicios eficientes, económicos y de gran calidad. El TLC consagra disciplinas regulatorias, elevadas a acuerdo comercial, que se traducen en beneficios para empresarios y consumidores, siendo todo constitucional.

 

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