El proyecto anticorrupción: teoría y práctica

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El Gobierno nacional, por iniciativa de la vicepresidenta y con el apoyo de la Fiscalía General, impulsa un proyecto de ley con el que se busca “introducir elementos que permitan educar a las futuras generaciones de colombianos en materia de ética y participación ciudadana para la prevención de la corrupción”. Uno de sus pilares será la protección a los denunciantes, “pues las personas en ocasiones renuncian a denunciar o atestiguar por temor a las represalias”.

Mientras tanto, la propia Fiscalía ha resuelto iniciarle una investigación penal a Diana Díaz por haber hecho público que, mientras trabajaba en RTVC, su entonces director, Juan Pablo Bieri, le ordenó excluir de la parrilla el programa Los Puros Criollos de Santiago Rivas, como represalia por algunos comentarios que este habría hecho en contra del Gobierno nacional. La decisión se tomó con el argumento de que la periodista habría violado la cláusula de confidencialidad de su contrato laboral, incurriendo en el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

En un Estado de derecho los delitos no se crean por capricho del legislador, sino como una forma de resguardar intereses individuales o colectivos cuya salvaguarda es indispensable para la armónica convivencia en sociedad. El que sanciona al funcionario que revele un asunto sometido a secreto busca defender la administración pública, en la medida en que su funcionamiento puede verse perjudicado si se divulgan informaciones que, conforme a la ley, deben permanecer en reserva; piénsese, por ejemplo, en las que involucran temas de seguridad nacional, o discusiones sobre algunos aspectos estructurales de la economía nacional como una futura devaluación o variaciones sensibles en las tasas de interés. Pero, obviamente, su finalidad no es la de impedir que se puedan delatar las faltas disciplinarias o las conductas delictivas cometidas por quienes en virtud de su investidura deben proteger el interés común.

Las cláusulas de confidencialidad incluidas en los contratos que se celebran con el Estado también están orientadas por el mismo propósito de amparar los intereses de la administración pública. Es inconcebible pensar que ellas pueden servir para que sus funcionarios cometan delitos con la tranquilidad de que no podrán ser denunciados por sus subalternos, y con la seguridad de que quienes hubieran podido tener conocimiento de ellos no podrán ser testigos ante las autoridades judiciales, so pena de ser procesados por desvelar secretos de Estado.

Esa interpretación del delito de revelación de asunto reservado no defiende a la administración pública frente a abusos de sus funcionarios, que es la razón por la que existe, sino que estimula las actuaciones deshonestas al ampararlas bajo un inaceptable concepto de secreto. Es difícil entender que mientras se anuncia una ley contra la corrupción en la que se pregona la protección de los denunciantes y el castigo ejemplar a quienes no actúen con transparencia, la Fiscalía le abra una investigación penal a quien reveló una conducta reprochable de un servidor público y el Gobierno nacional recompense a este con un provechoso contrato.

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