Por: Sergio Trujillo Jaramillo

El proyecto público como empeño ético

Si bien el naufragio físico de nuestras ciudades es resultado de muy diversas confluencias históricas y un sinnúmero de precariedades culturales, posee también una cuota disciplinar significativa, que se comprueba al constatar que las prácticas desplegadas por arquitectos y planificadores se identifican de manera prevalente con el espacio privado.

La disolución gradual del proyecto urbano se promueve desde inicios del siglo XX, como consecuencia de aplicar los genéricos paradigmas de la planificación y regulación, los cuales suscitan el abandono progresivo del control de la forma urbana y del espacio público, que fueron, por siglos, el resultado de lentas sedimentaciones históricas.

Esta peculiar manera de construir ciudad desde la norma y hacia lo privado, no a través de la modelación específica del espacio de la ciudad, entendido como patrimonio público, es una práctica que, en el caso colombiano, resulta acompasada por fenómenos sociales y económicos particularmente complejos.

A las dinámicas especulativas propias de la ciudad latinoamericana se suman, entre otros, un espacio público entendido como residual, debilidades institucionales, desequilibrios territoriales y las presiones mismas de la informalidad, procesos detonantes de la  urbanización que sobrevive impasible entre nosotros. La fractura, la dispersión y la discontinuidad del espacio urbano son algunas derivaciones de semejantes confluencias.

La ciudad afronta así un proceso ininterrumpido de deterioro de sus estructuras públicas tradicionales, sumado a la incipiente o franca inexistencia de éstas en sus áreas de expansión, producto de la actuación de un capital privado que legitima su avasallamiento a través de sacralizar el cambio constante, nunca las permanencias.

Todo ello amparado en una patética liviandad ética expandida entre asociaciones o gremios, entidades públicas y privadas, promotores inmobiliarios, los mismos gobernantes y no pocos profesionales, quienes no parecen entender que la ciudad sin atributos no le conviene a nadie. Que su condición disfuncional, inviable y espacialmente incoherente no añade sino que le resta valor como bien cultural y bien económico, y no le permite a ésta ser escenario propicio para la convivencia social. Es justamente sobre la aceptación tácita o explícita de asumir lo público como categoría subordinada y endeble como no pocos han encontrado la oportunidad sin par para expandir intereses particulares.

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