El pueblo exige justicia

DESPUÉS DEL ODIOSO ASESINATO DE un niño por su propio padre, han proliferado las propuestas para aumentar las penas a aquellos que agredan a los niños.

En medio de un cubrimiento entre lírico y truculento de los medios electrónicos, no faltaron ni la intervención —inevitablemente llorosa— de una representante de Unicef, ni las miles de voces de gentes del común que pedían que al asesino lo mataran, o lo volvieran picadillo, o le hicieran algo verdaderamente terrible. La sed de sangre de la que se hizo gala en este episodio me asustó (excepción clave: el abuelo de la víctima, que habló con profundidad y decencia íntima). Que yo sepa, ni una sola vez los gestores de tales medios —que han pasado de agache frente a tantas atrocidades— ofrecieron una reflexión pedagógica frente a estas expresiones de rabia.

El senador Hernán Andrade, que suele plantear cosas interesantes (digo esto sin ironía), sugirió que se citara al consejo de política criminal para considerar el aumento radical de penas a matones de niños, pues se trata de prácticas intolerables. Válido. Pero creo que se trata del mismo Andrade que, sólo hace unos poquitos meses, decía con toda la sangre fría que no había que “demonizar” (literal) la relación de políticos con paramilitares, esos grupos cuyas atrocidades inenarrables (que incluyen asesinatos y violaciones de niños y mujeres embarazadas) al parecer no le quitaban el sueño. Creo que el primer asunto que tendrá que considerar el consejo de política criminal en su próxima reunión será la lógica, de lesa humanidad, del senador Andrade.

Pero esa inconsistencia flagrante subraya los problemas de hacerle una especie de juicio popular hasta a la gente más repugnante. Diría que hay al menos tres.  Primero, el de la proporcionalidad.  Desde el mundo clásico se sabe que las nociones de justicia y proporcionalidad están vinculadas. Démosle la pena X al que asesinó a un niño, ¿entonces qué vamos a hacer con el que mató a 30, violó a 15, descuartizó a otros tantos? Pues no siempre los castigan. En Colombia, debido a las décadas y procesos tan terribles que hemos vivido —guerra, narcotráfico, acuerdos de paz escalonados que implican diversas modalidades de perdón a gentes que han asesinado y destruido, penetración del Estado por criminales— aumentos puramente coyunturales de penas amenazan con desquiciar lo poco de proporcionalidad que le queda a nuestra justicia. Segundo, el de los límites. La justicia democrática moderna intenta ser proporcional, pero no vengativa; se pone límites, basada en el razonamiento —irrefutable, según creo— de que la pura retaliación daña tanto o más a la sociedad que el acto criminal que se quería reprimir. Por eso, los castigos crueles y brutales están prohibidos, y no se pueden aplicar siquiera a gente que es cruel y brutal. Tercero, el de la especialización. Cierto, está de moda hacer todo por referendo, pero la justicia plebiscitaria no da muy buenos resultados. Algunos cambios recientes han sido, de hecho, bastante buenos —prohibir la rebaja de penas a quienes dañan a menores—, pero todo esto en últimas se decide en un ambiente especializado, considerando muchas variables.

Esta es una sociedad muy traumatizada, y está bien que estos hechos de pesadilla activen resortes morales hasta el momento más o menos anestesiados. Mejor aún que se exijan soluciones. Ahora expliquemos con paciencia que destruir, picar y matar no siempre es la solución deseable.