“¡El pueblo no se rinde, carajo!”

Tatiana Acevedo Guerrero
09 de agosto de 2020 - 05:00 a. m.

Este fue el lema del paro cívico de Buenaventura en 2017 que paralizó la ciudad durante 23 días. La decisión de salir a la calle se tomó después de tanta espera por un mejor acceso a oportunidades, tranquilidad y servicios públicos, como la salud. Sin embargo, fueron los cortes de agua en medio de una sequía en el río Escalerete —principal fuente de agua de la ciudad— los que catalizaron la protesta. Se podría pensar que la falta de agua obedeció tanto a factores meteorológicos como a la poca inversión y al robo a manos llenas de recursos públicos. Sin embargo, cabe recordar que las carencias de la ciudad tienen que ver también con la implementación de un proyecto paramilitar a lo largo de las últimas dos décadas.

El puerto sobre el Pacífico había ganado cierta importancia durante los años 70 y 80 y, administrado por la empresa estatal Puertos de Colombia, representó una modesta fuente de trabajo para las comunidades. Sin embargo, después de la privatización de los puertos colombianos mediante contratos de concesión, a principios de los años 90, los sindicatos fueron abolidos y el empleo formal se fue de la ciudad. Durante esa misma década el puerto se consolidó también como un nodo importante en el tráfico de cocaína y el Frente 30 del Bloque Occidental de las Farc-Ep se hizo al control de las rutas y las reglas en la zona rural de la ciudad. La vida entonces era difícil, pero fue en el 2000 cuando la cotidianidad se hizo invivible con la llegada del Frente Pacífico del bloque paramilitar Calima, en cabeza de alias HH (y en connivencia con grupos armados oficiales).

HH confesó en versión libre antes de ser extraditado que, mediante asesinatos selectivos y masacres, su grupo fue responsable de la muerte de más de mil personas entre 2000 y 2001 en la ciudad. Además de un ataque sostenido por el control de las rutas, en que contaron con la colaboración de las fuerzas estatales, el paramilitarismo empezó a jugar un rol importante en los tejemanejes de los negocios legales, incluyendo los que tenían que ver con el puerto. Durante este período actores estatales e internacionales invirtieron en megaproyectos de infraestructura para ampliar la capacidad del puerto. Estas ampliaciones fueron posibles gracias al accionar paramilitar, pues requirieron el desplazamiento de familias y barrios costeros. Y otra pata del proyecto paramilitar tuvo que ver con la apropiación de los fondos y los cargos públicos. Juan Carlos Martínez Sinisterra, por ejemplo, colaboró con la llegada de paramilitares, quienes a su vez le ayudaron a ganar una curul en el Senado. Además de auxiliarlos desde allí, Martínez apalancó la elección de varios alcaldes en Buenaventura. Estos últimos fueron los que, con otros del Partido de la U, se robaron casi toda la plata de la infraestructura de agua.

Así las cosas, la ciudad fue lugar del esplendor de la razón de ser paramilitar: control sobre rutas de narcotráfico, terror contra civiles como método, seguridad antisubversiva al servicio de la confianza inversionista y desplazamiento de poblaciones urbanas o rurales con miras a realizar negocios de tierras para agroindustria o inmobiliarios (como es el caso del puerto). Tras el proceso de desmovilización en 2004, gran parte del paramilitarismo regional se recicló en grupos de nombres nuevos como los Rastrojos, los Machos, el Clan del Golfo y la Empresa, que, además de luchar entre ellos, se disputaron el control de las rutas del narcotráfico y se encargaron de dar continuidad a la estrategia paramilitar de robo de recursos públicos, desalojo de comunidades y apoyos puntuales a inversionistas particulares.

En 2012 se registraron crímenes tan duros que barrios enteros salieron en pocos meses buscando resguardo. El proyecto paramilitar (como siempre, en alianza con grupos armados estatales) se había perfeccionado tanto y vuelto tan rentable que grupos del Eln participaron también y, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, hubo quienes en vez de dejar las armas decidieron sumarse a la dinámica. Fue en este contexto que surgieron las mesas de trabajo del comité del paro cívico. Fue contra este proyecto paramilitar que se acordó vigilancia popular organizada de las inversiones y las obras. Fue contra este proyecto paramilitar que el movimiento eligió al actual alcalde, Víctor Hugo Vidal.

En las próximas semanas se cumplirán cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz y son lejanos los días de la poco exitosa desmovilización de las Auc, pero el proyecto paramilitar sigue vivo en muchos aspectos (hace apenas una semana se registró un atentado contra el edificio de la Alcaldía de Buenaventura). Viva también sigue la resistencia del pueblo bonaverense, que sigue tratando de encarrilar el futuro por otros caminos.

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar