"El joropo es la altanería del llanero": Cholo Valderrama

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Por: Alfredo Molano Bravo

El pulso

EN BOGOTÁ, COMO EN TODO EL PAÍS, el transporte es un negocio privado que ha gozado siempre de un enorme poder.

Los empresarios invierten en campañas políticas, transportan votantes amarrados, nombran concejales y ponen alcaldes, y por ahí gozan de injerencia sobre el organigrama y sobre las contrataciones. Es un mecanismo hecho a mansalva y sobre seguro para crear monopolios sobre rutas, imponer tarifas, condiciones de funcionamiento y, en fin, lo que se les antoje a los grandes empresarios, dueños además de una de las figuras más tramposas del conjunto, los operadores. Así ha sido siempre. Desde el año 64 hay paros, pedreas, gases, carcelazos y acuerdos firmados que nunca se cumplen. Hasta cuando se desarrolla el rollo y vuelve a jugar la bolita. Los alcaldes, sabedores del lío y de sus nudos, se especializan en aplazar soluciones, desviar enfrentamientos y dejarle al siguiente mandatario el problema agravado.

Llegó el día en que la ciudad se hizo invivible. Los buses y las busetas se tomaron las vías a sus anchas, los choferes asalariados —explotados hasta la última fibra de sus nervios por los empresarios— aparecen como la causa del caos. No es cierto. Son también, con los pasajeros, transeúntes y ciudadanos, las víctimas de un sistema de transporte desueto, peligroso y abusivo, basado en la guerra del centavo. Con el Transmilenio —que, hay que recordar, es una empresa privada de los capos del transporte y que monopoliza, de hecho, el uso de vías públicas— no se ha podido resolver el problema, porque es una solución a medias, que ha terminado por imponer otra, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Es la bomba que le explotó en las manos a Samuel. Una bomba preñada de las mil contradicciones sociales que las administraciones anteriores no se habían decidido a enfrentar porque sabían el toro que tenían que lidiar. El SITP ha sido una solución pensada, equilibrada y que nos prepara para el metro. En el fondo, el conflicto que vivimos durante la semana fue el forcejeo entre la anarquía de la libre competencia, o guerra del centavo, y el empeño de hacer compatible, por medio de la injerencia del Estado, la rentabilidad del transporte urbano con los derechos de los ciudadanos a un transporte público eficiente.

El paro fue jalonado por los pequeños y medianos empresarios del transporte —dueños de capitales que oscilan entre 100 millones y 3.000 millones—, pero aprovechado por los grandes, que pueden tener 100, 200 o más buses —60.000 millones—, para evadir por algún medio artero de los que utilizan el pago de la billonaria suma por comparendos, evitar las sanciones que sus cómplices, los operadores, tienen con el fondo de chatarrización, que pasa de 20.000 millones, y ponerle zancadilla a la tarjeta de transporte. Se sumaron también los choferes, a quienes no les gusta la idea del sueldo fijo con prestaciones —1’300.000 mensuales—, y mucha gente que no puede pagar el Transmilenio y usa las puertas de atrás de los buses para llevar a la escuela tres chinos. La pelea de los pequeños y los medianos se resolvió al fin, a pesar de la candela que se le echaba al horno por debajo de cuerda, debilitando lo que llaman el esquema financiero del SITP. Samuel tuvo que doblar la oferta —ganancia mínima del 18 por ciento anual por bus aportado al sistema—, una diferencia que hasta ahora no se sabe si la pagará el pasajero, el Distrito, o será otra bomba de tiempo en la barriga del modelo adoptado.

Hoy Samuel aparece como el ganador que puso en cintura a los empresarios, no cedió al chantaje y coronó un SITP atemperado. Mas adentro —y a la larga— pudo haber dejado boqueando la guerra del centavo, pero en favor de un férreo monopolio de grandes empresarios sobre el transporte público. Una prueba anticipada de lo que nos espera ver en el futuro la dará el cumplimiento —o no— de las sanciones a empresas que participaron en el paro, que la Alcaldía prometió públicamente.

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