El pulso por Isagén en el Consejo de Estado

Mientras el Gobierno pide que decisión final sólo contemple la legalidad de la enajenación de la generadora de energía, los demandantes exigen que un informe sobre el destino final de los $5,2 billones que cuesta la participación del Estado en esa compañía.

El magistrado del Consejo de Estado Hugo Bastidas, durante el receso de la audiencia de Isagén. / Óscar Güesguán

Casi dos meses después de que el Consejo de Estado decretara medidas cautelares para suspender la venta de Isagén, con el fin de proteger el interés público, ayer se efectuó la primera audiencia para analizar si es legal y benéfico para Colombia deshacerse de ese valioso activo. El primer round entre el Gobierno y los tres demandantes, uno de  ellos Hélber Castaño, secretario de Sintraisagén, quedó empatado.

El objetivo del Ejecutivo para enajenar esta empresa -que cuenta con siete centrales de generación de energía en Antioquia, Tolima, Santander y Caldas, con una capacidad instalada de 3.032 megavatios, cerca del 17% de la demanda del país- es que con los recursos que el Gobierno obtenga con su venta (unos $5,2 billones) podría cubrirse una parte de la financiación de las vías de cuarta generación, un proyecto urgente para el desarrollo.

Sin embargo, durante la cita que presidió el magistrado del Consejo de Estado Hugo Bastidas esta intención quedó en entredicho, pues mientras la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que estos recursos serían incluidos en el presupuesto de la Nación, el Ministerio de Hacienda insistió en la necesidad de enfocar los recursos en el proyecto de las carreteras.

A los cinco elementos de controversia que Bastidas configuró como la hoja de ruta para la próxima audiencia, que se llevará a cabo el 3 de agosto, entre ellos el de determinar si la venta configura una violación de la regla fiscal (mecanismo que garantiza que el gasto esté acorde con los ingresos estructurales o de largo plazo) y si se vulneró el proceso de democratización al fijar un precio más alto de la acción (de $2.850 pasó a $3.178), el alto tribunal analizará, por petición de los demandantes, si es necesario definir el destino de los recursos.

Esta solicitud, para los representantes de las carteras de Hacienda y Minas, no debería ser tenida en cuenta, pues en la acción legal lo que se condena es el proceso de enajenación, consignado en el Decreto 1609, mas no lo que se va a hacer con el dinero producto de esa operación. 

Uno de los abogados de los demandados explicó que “según el mismo Ministerio de Hacienda, los dividendos de Isagén dejarían de ser recibidos por la Nación, más de $200 mil millones. Cualquiera que sea la decisión del Consejo de Estado, será determinante en la realización de jurisprudencia sobre regla fiscal”.

La participación del Estado en la generadora es del 57,6%, avaluada, según la Contraloría, entre $4,7 billones y $9,3 billones, activo que, explicó la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Adriana Guillén, no afectaría el patrimonio, pues este será reemplazado por otro, en este caso las vías 4G.

Una nueva solicitud para las decisiones de fondo en este caso fue la expedición por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de un documento que demuestre cuáles serían las afectaciones tributarias de la venta de Isagén, pues, advirtieron los demandantes, en los adendos (documentos en los que se especifican los términos en los que se llevará a cabo la venta) quedó consignado que la empresa podría cambiar de domicilio en siete años. Esto podría implicar menos tributos en Colombia. 

No es la primera vez que el Consejo de Estado dicta medidas cautelares, como las que evitaron que se realizara la subasta el 19 de mayo. El año pasado, en mayo, la misma entidad revocó unas impuestas en marzo tras resolver los recursos de súplica impuestos por los ministerios de Hacienda y Minas. 

La enajenación de Isagén tiene mucha tela por cortar. Mientras el Gobierno necesita una decisión de fondo con urgencia, pues tiene a la espera a Brookfield, Colbún y GDF Suez, las tres empresas internacionales que quieren pujar por la colombiana, los demandantes advierten que este proceso podría tardar hasta un año en definirse. Del otro lado, creen que en menos de un de mes habrá un fallo definitivo.

 

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