Por: Alvaro Forero Tascón

El referendo que sí se necesita

EL PRÓXIMO DOMINGO SE REPETIRÁ que las maquinarias políticas arrasaron en las elecciones legislativas.

Poco se dirá sobre las terribles consecuencias que eso trae, y menos sobre sus causas. A lo sumo se culpará a la cultura política de los colombianos y algunos responsabilizarán al Gobierno por alimentar las maquinarias. Nadie acusará al principal culpable: las instituciones.

Al permitir la corrupción política de manera tan consuetudinaria y generalizada, las instituciones la estimulan. Cuando un delito no se investiga ni se castiga, se hace tan rentable que termina convirtiéndose en regla, y la impunidad pasa de ser la consecuencia a la causa principal del delito.

Así como la complicidad tácita de amplios sectores de la sociedad colombiana con el paramilitarismo no paró hasta que las autoridades castigaron los delitos de los parapolíticos, la complicidad con el clientelismo y la politiquería no parará hasta tanto las autoridades no castiguen los delitos y los abusos. Sólo en ese momento se desencadenará un proceso de delación y persecución contra los políticos, los gobernantes, los empleados públicos y los contratistas del Estado que ganarán las elecciones del próximo domingo.

Pero eso no va a suceder mientras persista el entramado constitucional y legal que protege y estimula la corrupción política mediante la impunidad. Porque mientras el Congreso, que es el epicentro del clientelismo y la politiquería, controle los entes de vigilancia que investigan a los empleados públicos, los que defienden el erario público, los que vigilan las elecciones, no será posible en Colombia acabar con esa impunidad. Porque como en el caso del pirómano a cargo del incendio, son los congresistas quienes eligen al Procurador General, al Contralor General, a los magistrados del Consejo Electoral, que son los funcionarios encargados de investigar y castigar la corrupción política. Quizás el mayor error de la Asamblea Constitucional de 1991 fue no haber creado instrumentos institucionales para desmontar la impunidad del clientelismo y la corrupción política. Las medidas que tomó la Constituyente, como la de pérdida de investidura y la prohibición de los auxilios parlamentarios, fueron ampliamente insuficientes.

Y mientras los políticos que practican el clientelismo controlen el Congreso, que es el ente que puede reformar las normas que permiten la impunidad en materia de corrupción política, éstas permanecerán intactas, como demuestra el hecho de que todos los intentos de reforma política han sido limitados o abortados con el mayor cinismo por parte de la clase política. Empezando por el del año pasado, que tenía como marco nada menos que la parapolítica.

Una verdadera reforma política que elimine la facultad del Congreso, las asambleas y los concejos para elegir los jefes de los organismos de control, que cree mecanismos efectivos en la Fiscalía para investigar los delitos políticos, que establezca una Corte Electoral independiente, que dé independencia y profesionalice los órganos electorales, que ordene modificar el Código Electoral, entre otras medidas, no puede tener éxito a menos que se tramite mediante un referendo de iniciativa popular. Aunque éste tendría que pasar por el Congreso, el texto no podría ser modificado, y los congresistas tendrían una presión política difícil de evadir.

Buscar columnista