Por: Alvaro Forero Tascón

El referendo que sí se necesita (II)

EN UNA COLUMNA DE HACE DOS SEmanas sostenía: “El próximo domingo se repetirá que las maquinarias políticas arrasaron en las elecciones legislativas. (...) A lo sumo se culpará a la cultura política de los colombianos y algunos responsabilizarán al Gobierno por alimentar las maquinarias. Nadie acusará al principal culpable: las instituciones”.

Y no me refería a las instituciones en abstracto, a las normas electorales a las que se acusa cada cuatro años, sino en concreto a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría y al Consejo Electoral. Porque el Consejo Electoral hubiera podido detener al PIN, de la misma manera que detuvo al Partido ADN. Y la Policía y la Fiscalía General hubieran podido desplegar agentes encubiertos para detectar la compra de votos que todo el mundo vio, menos las autoridades. La Procuraduría hubiera podido realizar verdaderas investigaciones para detectar la interferencia ilegal de funcionarios en las campañas políticas, y la Contraloría hubiera podido demostrar el manejo electoral de los recursos públicos. Si las instituciones hubieran movido un dedo para detener la corrupción electoral, y el Presidente de la República hubiera denunciado y rechazado el apoyo de los candidatos relacionados con los parapolíticos, no se habrían producido otras elecciones determinadas en buena parte por la ilegalidad política.

En la columna anterior agregaba que “al permitir la corrupción política de manera tan consuetudinaria y generalizada, las instituciones la estimulan. Cuando un delito no se investiga ni se castiga, se hace tan rentable que termina convirtiéndose en regla, y la impunidad pasa de ser la consecuencia a la causa principal del delito”. Porque no hay duda que un nuevo sistema electoral permitiría un gran mejoramiento de las elecciones. Por ejemplo, eliminar el voto preferente o combinarlo en listas semicerradas, sería un avance inmenso para el sistema político colombiano. Lo mismo que el voto obligatorio, que modificaría condiciones que facilitan la compra de votos y el clientelismo. Pero todas esas medidas serán manipuladas o neutralizadas sino están precedidas por otras que le den tratamiento delictivo y disciplinario a un problema que se insiste en tratar exclusivamente como político y cultural. Porque la solución no es prohibir que el hijo de La Gata, por serlo, no pueda inscribirse como candidato, porque podría ser reemplazado por un lugarteniente, sino que se detecten los actos castigables que le permiten salir elegido.

Pretender corregir la corrupción política monstruosa del sistema político colombiano sólo reformando las reglas electorales, es como pretender acabar la violencia con decretos. Porque la violencia se sirve de unas condiciones que la alimentan, como el narcotráfico, pero tiene unos agentes que la ejecutan, que deben perseguirse. Igualmente, la ilegalidad política se alimenta de un sistema electoral permisivo, pero sobrevive gracias a la impunidad.

La única vía para empezar a enfrentar la ilegalidad política es quitándoles a los políticos la capacidad de elegir a las cabezas de las entidades capaces de investigar y castigar esa ilegalidad: los entes de control. Y el único vehículo que queda para hacerlo es un referendo de iniciativa popular, porque la vía del Congreso está completamente bloqueada.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Alvaro Forero Tascón

Sí se podía

Pacto político contra la xenofobia

Duque, ejecutor

Duque: antítesis o síntesis