Por: Elisabeth Ungar Bleier

El regreso de los elefantes

A MEDIDA QUE SE VAN CONOCIEN-do los detalles de diferentes escándalos de corrupción, como por ejemplo los carruseles de la salud o los de la contratación en Bogotá, hay algunos hechos que, a pesar de no ser nuevos y mucho menos sorpresivos, merecen una especial atención y deben ser objeto de investigación de las autoridades competentes, porque hacen parte de las condiciones que favorecen la corrupción.

Uno de ellos es el manejo laxo que se le ha dado a la figura del conflicto de intereses, tanto por parte de funcionarios públicos, como de los propios implicados, de sus asesores y consultores. Si bien en estos casos no siempre se configuran actuaciones abiertamente ilegales, en muchos otros sí los hay. Pero además, hay evidentes faltas éticas. No porque las fronteras entre lo legal y lo ético sean en ocasiones difíciles de trazar, se debe desconocer esta preocupante realidad. ¿O acaso cuando un consultor privado es contratado para elaborar un estudio sobre la viabilidad de un negocio o una empresa y luego pasa a ocupar un cargo público con poder de decisión en el respectivo sector, no se pueden estar abriendo las compuertas para favorecimientos indebidos? ¿Y no sucede algo similar cuando una persona ocupa un cargo directivo en un ente de vigilancia y un familiar cercano en una empresa privada del sector vigilado?

De otra parte, en la base de la gran mayoría de los hechos de corrupción denunciados recientemente subyace un aprovechamiento indebido de la información por parte de actores públicos y privados. Manipulación de bases de datos, desaparición de información relevante, negativa o dilaciones en su entrega a investigadores, medios de comunicación o expertos, son algunas de las estrategias que les han facilitado a los corruptos sus acciones. Son muy graves las denuncias que en este sentido viene formulando el presidente de la Federación Médica Colombiana, entre otras en entrevista concedida a El Espectador hace unos días,

Finalmente, uno de los hechos más protuberantes y preocupantes es la negligencia, la ineficiencia y la ineficacia que en los últimos años demostraron los órganos de control, judiciales y de vigilancia para investigar los actos de corrupción y sancionar a los culpables. Parafraseando al entonces cardenal Pedro Rubiano, es evidente que estos organismos estaban anestesiados. No sólo no vieron la manada de elefantes que ingresó a sus despachos, sino que posiblemente éstos los pisaron, y no sintieron nada. Es como si se hubieran vuelto invisibles.

No de otra manera se explica que apenas ahora, varios años después de que los Nule ingresaran intempestivamente al estrellato de los contratistas de obras públicas en el país, o que la Autopista Norte de Bogotá fuera invadida de manera masiva, desordenada y agresiva por innumerables clínicas, consultorios y laboratorios, o que las regalías fueran utilizadas para construir piscinas de olas, para mencionar sólo unos casos, éstos órganos de control y de vigilancia se hubieran dado cuenta de las irregularidades, o sólo lo hicieron cuando los medios de comunicación los denunciaron. Los responsables de estos entes también deben ser investigados, por acción o por omisión.

 

 

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