Por: Luis I. Sandoval M.

El reñido pulso político que viene

Colombia sigue en tensión, inclusive puede decirse que tal tensión ha subido en los 10 meses de gobierno del presidente Iván Duque. El mayor factor generador de tensión son las acciones del gobierno del Centro Democrático y aliados, que tratan por todos los medios de sacar adelante su anunciado objetivo de campaña de modificar sustancialmente los acuerdos de paz que el anterior gobierno de Juan Manuel Santos logró firmar con las Farc-Ep.

Literalmente, el Gobierno ha hecho todo lo que estaba a su alcance, apelando a un reduccionismo implacable y maniqueo, para tornar irrelevantes los acuerdos en su más sensibles consecuencias como son la reparación de casi 10 millones de víctimas, la realización de la reforma rural, la ampliación del juego democrático mediante una eficaz reforma política, incluida la posibilidad de ingreso ordenado y tranquilo de los antiguos combatientes guerrilleros, integrantes rasos y comandantes, a la vida política. Se alega, sin rubor por la deformación y la mentira, que lo que está en curso es un proceso de total y absoluta impunidad. Se incurre en el exabrupto de afirmar contra todo sentido de realidad que en La Habana se pactó un cogobierno con el narcotráfico.

No solo se resisten los cambios, se desacredita la JEP, se entrampa a los exjefes guerrilleros, sino que se está exterminando, por acción de grupos herederos del paramilitarismo y a veces directamente por agentes públicos, a integrantes de base y mandos medios de la antigua guerrilla mediante asesinatos que ya se cuentan por centenares. ¡Inconcebible que esto pase aquí cuando el mundo entero aplaude y apoya la paz de Colombia!

Central ha sido en esta ofensiva regresiva el papel de la Fiscalía General, bajo la conducción de Néstor Humberto Martínez (obligado a renunciar por sus propios desafueros), con cuya inspiración e instigación el Gobierno dio el paso, a todas luces equivocado, de levantar objeciones a la ley estatutaria de la JEP cuando ésta ya había sido objeto de un riguroso examen por parte la Corte Constitucional. Informes de entidades nacionales e internacionales muestran con evidencia palmaria la ejecución deficitaria de los acuerdos, que no quedaron en el Plan de Desarrollo con un capítulo específico ni con la asignación de los recursos suficientes para la implementación.

Tan grave ha sido el estropicio de la vajilla que el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Comisión de Verificación de este organismo y otras instancias técnicas y humanitarias internacionales han tenido que pronunciarse para demandar el cumplimiento cabal de los acuerdos. Expresión incontrovertible de crítica y rechazo al nefasto empeño de hacer trizas los acuerdos, a pesar de algunas apariencias y el lenguaje engañoso de altos funcionarios, fue la demanda del antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno, quien de paso por Bogotá hace pocas semanas sin rodeos exclamó: “¡Presidente Duque, por favor, respete el Estado de derecho, deje ya su militancia anti acuerdo de paz!”.

Pero las acciones y reacciones propias de la política, en realidad cronopolítica porque los hechos políticos se suceden y entrelazan en el tiempo, han hecho que, ante la ofensiva rabiosa contra la paz, esté surgiendo un sereno y firme movimiento ciudadano que, apelando de manera intensiva a la facilidad de las redes virtuales, adelanta una amplia labor de persuasión acerca de las innegables bondades de la paz política, los cambios necesarios y la reconciliación. El 20 de febrero se concretó en el Centro Cultural García Márquez, en el centro histórico de Bogotá, la constitución del movimiento Defendamos la Paz que precisamente el día de ayer, 17 de junio, realizó un segundo encuentro para avanzar en el diseño de nuevos entendimientos y nuevas acciones (un millón de firmas en apoyo a las circunscripciones especiales de paz, acción contundente en defensa de los líderes sociales) por una paz completa e integral, con amplio y plural protagonismo ciudadano, desde todas las regiones y espacios sociales y aun desde la diáspora colombiana tan dilatada y olvidada.

Ahí está la tensión fundamental que caracteriza el momento actual de la vida del país: quienes quieren retroceder y quienes quieren avanzar en el camino de la paz, quienes consideran que la paz pactada es un obstáculo y quienes consideran que la paz política es la más afortunada oportunidad que tenemos al presente los colombianos y colombianas. No puede haber engaño ni duda: la contrariedad con la paz es, en el fondo, la oposición calculada a la verdad sobre el conflicto que afligió al país durante décadas y al mismo tiempo oposición a los cambios de que es portadora la paz para lograr por fin la superación de estructuras caducas, especialmente en el campo, y la superación de la exclusión social y política que está en el origen del alzamiento armado.

Las fuerzas antipaz política y las fuerzas propaz dialogada y negociada se están alineando para protagonizar un nuevo pulso político en las elecciones territoriales de octubre próximo y en las elecciones parlamentarias y presidenciales del primer semestre de 2022. Las primeras, dando muestras de estar cayendo en el desespero, acaban de anunciar por la voz del senador Álvaro Uribe (entrevista en W Radio el viernes 14 de junio) que tienen tomada la decisión de arremeter contra la JEP, contra las altas cortes, contra instituciones de la Constitución vigente y que, para ello, apelarán a salir a la calle, a realizar un referendo revocatorio y a crear un Estado de opinión como el que crearon a base de mentiras, manipulando el sentimiento de los votantes, con ocasión del plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Las segundas, como lo describí en columna anterior —“¡A pesar de todo hay esperanza!”—, se disponen no solo a resistir sino a avanzar hacia una opción amplia, plural, democrática, progresista, que asuma la paz no como un adorno en el árbol de Navidad sino como un proyecto de realización efectiva del Estado social de derecho, esto es, un proyecto de país más digno, más justo y más democrático. Se trata ya no solo de empujar el carro sino de pasar a conducirlo. El gran pulso está en curso, preciso es evitar que se dé como una extendida y catastrófica nueva polarización, sí procurar que exprese un amplio e intenso juego de pluralidad, haciendo uso cada una de las partes que compiten (agonía, decían los griegos) de los legítimos recursos democráticos de la deliberación, la movilización, el mandato y el voto.

El país está abocado a un nuevo pulso político de grandes dimensiones, por acuerdo básico de los competidores se debería renunciar de entrada al juego sucio, aquí el pacto sobre lo fundamental sería para no emplear y desalentar que otros empleen armas en la política. ¡No más muertes de líderes y lideresas sociales, ni de excombatientes guerrilleros, de nadie por razones políticas! ¡Respeto absoluto por la palabra, la acción, la vida de todos los participantes en la competencia! El nuevo pulso político será definitivo para el devenir histórico de Colombia.

@luisisandoval, [email protected]

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