Por: Yesid Reyes Alvarado

El respeto a las decisiones de las Cortes

EN RECIENTE DECISIÓN, LA CORTE CONStitucional ha dejado en claro que para garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales, las funciones de investigar y juzgar deben ser cumplidas por personas distintas; con base en esa premisa ha ordenado al Congreso tramitar una ley que permita establecer una clara separación entre quienes deben investigar a los parlamentarios y quienes deben encargarse de su juzgamiento.

Frente a esa decisión se han alzado algunas voces que califican a la Corte de gobiernista y sugieren que con esta sentencia se terminarán los procesos de la parapolítica. No me opongo a que las decisiones de las altas Cortes sean objeto de crítica; por el contrario, pienso que la controversia en torno a las sentencias de nuestros jueces enriquece la discusión y permite avanzar en la consolidación de criterios jurídicos; desde el punto de vista académico me he opuesto férreamente a muchas decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, pero siempre con argumentos jurídicos, que es el único plano en el que resulta válida la controversia con la Rama Judicial.

No creo que se deban avalar todas las decisiones de las altas Cortes por el solo hecho de ser proferidas dentro de procesos relacionados con la parapolítica, ni que deban ser censuradas aquellas que parezcan entorpecer esas investigaciones, porque esta clase de elogios o descalificaciones apresuradas no sólo generan confusión en la opinión pública, sino que fomentan la deslegitimación del Poder Judicial y minan las bases de un Estado de Derecho, en el que precisamente la guarda del orden jurídico está confiada a nuestros jueces. Por eso sorprende que no haya sido objeto de un más detenido análisis la sentencia de la Corte Suprema que niega la posibilidad de aplicar el delito de sedición a casos de paramilitarismo y que se pretenda oponer esa decisión a cualquier iniciativa parlamentaria, desconociendo que ella sólo tiene fuerza vinculante dentro del proceso en el que fue dictada. Y por eso mismo inquieta que en lugar de analizar las razones que tuvo la Corte Constitucional para ordenar que haya una separación entre las funciones de investigación y juzgamiento de los parlamentarios, se pretenda ver en esa sentencia una simple maniobra de personas afectas al Gobierno para terminar con los procesos de la parapolítica.

Lo cierto es que la decisión de la Corte Constitucional no es suficiente para acabar con las investigaciones sobre los vínculos entre la clase política y los grupos paramilitares, pues el peor escenario sólo implicaría que los actuales procesos fueran anulados y comenzaran de nuevo ante la misma Corte Suprema de Justicia, que todavía dispondría de mucho tiempo para adelantarlos antes de que se presentara el fenómeno de la prescripción. Por el contrario, las razones jurídicas que fundamentan la sentencia de la Corte Constitucional son incuestionables; hace ya mucho tiempo que no se discute la inconveniencia de que la misma persona que adelanta la investigación sea la encargada del juzgamiento, porque el desarrollo de esa doble función afecta sensiblemente la imparcialidad absoluta que debe caracterizar al juez. Las críticas a las decisiones de la Rama Judicial deben mantenerse dentro de estrictos límites jurídicos, para evitar que la majestad de la justicia quede desprotegida como lo estuvo el 6 y 7 de noviembre de 1985.

 

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