Por: María Elvira Samper

El reto de las Farc

Salvo el sometimiento a la justicia y la rendición de las Farc, no habrá preacuerdos, ni acuerdo final, ni nada que salga de la mesa de conversaciones de La Habana que sea bien recibido por la oposición uribista.

El leit motiv, el caballito de batalla repetido como un mantra por Uribe y su corte, es que en la capital cubana se negocia la entrega del Estado a los terroristas. Por eso, el anuncio sobre participación política fue recibido en las espuelas y rechazado en forma inmediata por el expresidente y su candidato, Óscar Iván Zuluaga, que lo calificó de farsa.

Pero quienes aún en medio del escepticismo y ciertas reservas apoyamos el diálogo Gobierno-Farc, creemos que el acuerdo le da oxígeno al proceso y aunque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, constituye un mensaje positivo en el sentido de que las conversaciones avanzan hacia la meta final. Y sobre todo resulta trascendental que las Farc reconozcan, por fin, que la política —y no la bala— es el medio para llegar al poder y tramitar los cambios, y que el marco para ello es la Constitución.

Sin embargo, no hay uribista que se permita siquiera una mínima reflexión sobre las señales positivas que envía el acuerdo. No pueden darse el lujo porque se quedan sin banderas. Por eso, precisamente, porque para el uribismo no existen matices, me temo que los ánimos se caldearán aún más y que el debate electoral profundizará la polarización en torno al eje guerra/paz. De espaldas a la historia que demuestra que los procesos de paz exitosos en el mundo terminan en la transformación de los grupos armados en movimientos políticos, Uribe y sus cruzados seguirán insistiendo en que no es tolerable que las Farc participen en la vida pública. Seguirán apostándole a la continuación de la guerra. Para su causa no son convenientes los avances de la mesa de La Habana.

Como el acuerdo es, en esencia, una declaración de principios orientados al fortalecimiento de la democracia, a la ampliación de los espacios de participación política y las garantías para el ejercicio de la oposición, da pie para muchas preguntas: ¿cómo, cuándo y bajo qué condiciones pueden hacer política los desmovilizados? ¿Cuántas curules se otorgarán a la guerrilla? ¿Habrá o no restricciones temporales para que algunos de sus miembros aspiren a cargos de elección popular?... Ésto, sumado a que los puntos relativos a las víctimas, el narcotráfico y la dejación de las armas están pendientes, abre un amplio margen para la especulación, que los uribistas sabrán capitalizar para agitar sus banderas antiproceso.

El presidente —que gana oxígeno con el acuerdo y ya no abrigará dudas sobre su aspiración a la reelección— tendrá que venderle a un electorado, aún desconfiado y escéptico, los beneficios que traería la desmovilización de las Farc, frente al costo en vidas y en recursos que significaría continuar la guerra. Hacer pedagogía, —aunque suene muy poco emocionante para una campaña que se anticipa virulenta—, porque pedagogía es algo que le ha faltado al proceso, preso de una confidencialidad necesaria pero mal entendida por el Gobierno.

Las Farc, telón de fondo en las últimas elecciones presidenciales, y en últimas el factor que las ha definido (la de Pastrana por el encuentro con Tirofijo, y las de Uribe, que ganó en 2002 cabalgando sobre la derrota del Caguán y en el 2006 con un duro discurso anti-Farc), también lo serán en la que se avecina. Por eso, si es cierto, como dicen, que están jugadas por el proceso de La Habana, tienen el reto —y la oportunidad— de producir hechos concretos de paz para ganar terreno entre la mayoría de los colombianos que se oponen a que sus miembros puedan participar en política. El mayor y más inequívoco sería decretar un cese unilateral del fuego durante la campaña electoral.

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