El retorno de la coca al mundo de la política

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Camilo Romero es uno de esos pocos personajes del año que pintan para protagonista de la década. El gobernador lideró una valiente cruzada contra el glifosato que va más allá de una buena acción.

Pese a que en Nariño el futuro de los cultivos de coca es un factor sorpresa para la gobernabilidad del departamento, Romero no cedió fácilmente a las bravuconadas del interior. Los cantos de guerra contra los cultivos ilícitos, orquestados por la Casa de Nariño, se toparon con un interlocutor que no cree en las vías rápidas.

En vez de meter la coca en la agenda de seguridad, parecería que Romero aboga por sacarla. Un gesto histriónico, dirán sus opositores. O acaso populista, como quiera que según los defensores de la continuidad en la aplicación de nuevos planes Colombia no hay otra alternativa diferente al uso del glifosato.

Lo que no reconocen sus malquerientes es que el ejercicio retórico con el que se pretende retirar la coca de la agenda de seguridad tiene consecuencias tangibles. Menos militares quedarán encargados de las vidas de colonos y campesinos. La militarización de zonas enteras del país tomará otra forma, tal vez secundaria frente a la importancia de las consideraciones de derechos humanos y ambientales.

La coca dejará de ser una discusión a puerta cerrada entre militares colombianos y compañías de seguridad privada. Los contratistas que operan las avionetas y cuidan el negocio del glifosato, del que nunca se sabe gran cosa y frente al que nada se puede en términos de rendición de cuentas, perderán sus privilegios.

Estamos ante la posibilidad histórica del retorno de la coca al mundo de la política, de donde fue expulsada hace décadas. Un espacio de intercambio de ideas colectivas sobre lo que debe y lo que no debe ser restringido a lo militar. Un cambio de discurso, por supuesto. Pero uno generacional, que marca la pauta para lo que viene.

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