Por: Eduardo Sarmiento

El reversazo de las privatizaciones

Luego de 20 años de fracasos reiterados el mundo está entrando en razón en materia de privatizaciones.

El Gobierno retiró el lucro individual del proyecto de reforma educativa y procedió a intervenir 18 EPS.

Chile fue el país que más avanzó en términos materiales y exportó las privatizaciones de la salud, las pensiones y la educación. Hoy en día constituye el epicentro de las protestas más severas en contra de la inequidad. En las jornadas de protesta se ilustró cómo la educación privada es uno de los factores que ha influido en las desigualdades sociales. En los exámenes Pisa aparece entre 65 países en el puesto 64, con la mayor dispersión en los puntajes. Así, el desempeño escolar es una réplica de las diferencias sociales. Los ricos reciben excelente educación privada; los pobres quedan condenados a las escuelas públicas con bajas apropiaciones presupuestales por estudiante.

El rechazo generalizado a la propuesta de privatización de la educación y la experiencia de Chile llevaron a la administración a retractarse. Si bien el lucro y la privatización son una ficción, su retiro de ninguna manera resuelve las deficiencias y las inconsistencias del proyecto, en particular las financieras. En la iniciativa, el Gobierno contempla un incremento en las apropiaciones en un porcentaje igual a la inflación más 3 puntos porcentuales. Ni mas ni menos, pretende elevar la cobertura de la educación pública en 50% (400.000 estudiantes) con un aumento del presupuesto de 12% ($400 mil millones en 4 años). Así, los estudiantes nuevos tendrían una apropiación de $500.000 por semestre, cuando el promedio actual es de $2’000.000 y la matrícula en universidades privadas es más de $3’000.000.

El panorama de la salud tiene grandes similitudes. Luego de 20 años se confirmó que la Ley 100 que privatizo el sector induce a apropiarse de los recursos públicos y ofrecer servicios por debajo de las cotizaciones. Las empresas se organizaron para sacar grandes ganancias en los primeros años de funcionamiento, se colocaron entre la quiebra y la prestación de servicios por debajo de las cotizaciones y su supervivencia quedó sujeta al traslado de la parte de los pagos a Fosyga. Los hechos son tozudos. La competencia llevó a la bancarrota al sistema y a la asistencia oficial para mantenerlo en pie.

Los fiascos de las privatizaciones dejaron al Gobierno sin norte. En el fondo, se rechazan los resultados de las privatizaciones, pero se mantienen las teorías y las instituciones que las justificaron. Así, se persiste en la Ley 100 y se consiente la grieta de la educación superior.

En el desconcierto, el Estado se relega a reducir las inequidades entregando servicios de mala calidad. El expediente alivia la pobreza, pero no cambia las condiciones relativas. De acuerdo con la información divulgada en la última semana, la pobreza se mantiene en 45% y los ingresos de los pobres crecen tres veces menos que el promedio.

La solución no puede ser distinta a la de una mayor presencia oficial en la administración de los servicios. Lo primero es eliminar las EPS y los vínculos verticales, y a renglón seguido, fortalecer la universidad pública y propiciar la educación integrada en que los estudiantes de distintos estratos concurren a las mismas dependencias. Mal podría decirse que la reversión de las privatizaciones le resta financiación al sector social y que en virtud de la ley fiscal no hay más alternativa que posponer las obligaciones. En adición a las reformas institucionales, las apropiaciones presupuestales deben incrementarse para asegurar la universalidad de la salud y el derecho a la educación de calidad. El fracaso neoliberal no exime al Gobierno de cumplir el espíritu de la Constitución.

 

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