El rompecabezas de las reformas

Los múltiples proyectos de reforma política y de lucha contra la corrupción que se están debatiendo en el Congreso son como los rompecabezas. Estos se componen de numerosas piezas, y si una o varias de ellas faltan o están mal diseñadas, éste podrá desbaratarse, al punto de quedar irreconocible e inservible.

Por ejemplo, parece haber acuerdo en torno a las listas cerradas para la elección de los miembros de las corporaciones públicas. Una de las razones es que el sistema actual de listas abiertas y voto preferente ha contribuido a aumentar el costo de las campañas electorales y esto, a su vez, se ha convertido en una de las mayores fuentes de corrupción de la política. Sin embargo, lo que se ha planteado sobre la financiación de campañas es muy limitado y no aborda problemas de fondo que han sido identificados como factores que contribuyen a la opacidad, a la violación de las normas, a la inoperancia del sistema de controles y sanciones, y sobre todo a que ésta sea utilizada como instrumento para obtener indebidamente contratos y puestos burocráticos. Tampoco hay medidas conducentes a disminuir la inequidad en la contienda electoral generada por la incidencia determinante del dinero en los resultados electorales.

Es ahí donde entran en consideración temas como la transparencia y la independencia de la organización electoral. La reforma política propuesta por el Gobierno se queda corta en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Si bien plantea que éste tendrá “autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal”, no hace ninguna mención a la forma como éste se elige y quiénes lo integran. Es precisamente el origen y la composición exclusivamente partidista de este organismo lo que debe reformarse para garantizar que actúen con independencia y autonomía y no incurran en conflictos éticos y en favorecimientos a quienes les deben su elección. ¿Por qué no pensar en una reforma integral a la arquitectura electoral que garantice la transparencia, la equidad, una presencia eficaz en todo el territorio y sobre todo que fortalezca su capacidad de administrar justicia de manera rápida y proba?

En la misma dirección, las reformas propuestas se refieren al período preelectoral y al día de las elecciones, pero no abordan lo que sucede después, cuando comienzan a materializarse los acuerdos entre los financiadores y los elegidos. Por eso no da espera una reglamentación para garantizar que las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios públicos, de los conflictos de interés y el cabildeo sean públicos y que haya un efectivo control sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

Se deben evaluar las implicaciones y la relación entre cada uno de los proyectos, así como su impacto en el sistema político y en las prácticas corruptas, entendiendo que se trata de componentes interconectados entre sí. Es claro que el tiempo para aprobarlos, sobre todo los que implican reformas constitucionales, es corto. Pero este impulso no puede convertirse en una carrera desenfrenada que termine en un rompecabezas con piezas sueltas.

* Miembro de La Paz Querida.