Por: Luis Carvajal Basto

El rompecabezas de las regalías

No va a estar fácil, para el gobierno, explicar cómo se desarrolla la descentralización recortando la administración de recursos a departamentos y municipios productores, pero tampoco a estos justificar la dilapidación que el país ha observado.

El gobierno Santos ha presentado un proyecto para reformar el régimen actual de regalías, bajo un principio según el cual esos recursos son de todos los colombianos y a todos deben beneficiar. La creación del fondo de compensación regional, la destinación del 10% de esos recursos a ciencia y tecnología y el manejo por parte del Banco de la República de otra porción importante, no han sido suficientes argumentos para convencer a alcaldes y gobernadores que ya comenzaron a ofrecer “pelea”.

Su argumento más sólido consiste en que el impacto ecológico se genera en las zonas productoras y debe ser compensado. Pero este, en realidad, es un problema de administración de recursos y de gestión. ¿Quien administra mejor: la Nación o las alcaldías y gobernaciones? Si nos atenemos al pasado resulta difícil encontrar un ganador. Los escándalos de corrupción que hemos conocido, aquí y allá, no conceden opciones, pero el derroche tampoco: reconocidas modelos y orquestas se han paseado, recibiendo cuantiosos honorarios, por municipios en que los niños no conocen un computador, sus calles están sin pavimentar y el agua es de mala calidad.

El principio de redistribución, como tarea del gobierno nacional, parecería otorgarle la razón. Debe atender las necesidades de todos, equitativamente y no concediendo privilegios a las zonas productoras. Pero podría ofrecer garantías de participación de la ciudadanía en la veeduría y ejecución de los recursos, cumpliendo otro mandato Constitucional. Existen muchos proyectos, comenzando por las obras públicas, que pueden ser ejecutados por asociaciones de ciudadanos. A ver si salimos de las exclusividades que dan lugar a los carruseles de contratación.

El debate que comenzamos a observar en el congreso, como parte de la ambiciosa agenda legislativa, nos ha mostrado la posición de los interesados, pero no claramente la de los partidos, asociaciones científicas y de profesionales, gremios y la academia que tendrían mucho para decir, recogiendo experiencias internacionales.

Lo que no se puede promover, en este caso, es la reducción de la discusión a quienes litigan en causa propia, permitiéndonos escuchar argumentos como el expresado por el gobernador de Santander, doctor Horacio Serpa, vocero natural de los gobernadores y para quien el manejo de las regalías en los últimos años ha sido “transparente”, lo cual puede ser cierto en su departamento pero, como generalización, inadmisible.

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