Por: Klaus Ziegler

El sagrado derecho a la vida

Se hundió el proyecto que pretendía prohibir el aborto en todos los casos, duro revés para los valerosos defensores del derecho a la vida.

No se trató, como alegan los enemigos de la dignidad humana, de la defensa de la moral católica, ni mucho menos de una cruzada con nombre propio. La iniciativa descansa en verdades evidentes, como el hecho de que un cigoto es un ser humano, y posee estatus ontológico de “persona”. La propuesta fracasó a pesar de contar con el respaldo del procurador Alejandro Ordoñez, defensor a ultranza de las garantías constitucionales, imparcial en temas como la eutanasia, o la igualdad de derechos para los homosexuales, y con el apoyo de una autoridad en ética de la talla del senador Juan Manuel Corzo.

Sin embargo, no es momento de perder las esperanzas. La inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte implica mucho más que la prohibición absoluta del aborto. Honorables senadores, en sus manos está impedir que se continúe con prácticas tan aberrantes como la fecundación asistida, en la que miles de óvulos fecundados, debo decir, cientos de diminutos seres humanos, sin cuerpo pero con alma, son “descartados” --vulgar eufemismo para no decir “asesinados”-- a voluntad de los médicos, o son criopreservados. Millares de pequeñas almitas yacen hoy congeladas en nitrógeno líquido, sin opción de crecer, ni derecho a desarrollarse. O peor aún, esperando ser objeto de compra y venta, sin descartar la terrible eventualidad de que puedan caer en manos de parejas homosexuales. Señor procurador, es imperativo una reforma todavía más severa a la Carta, una que contemple la clausura indefinida de todos los laboratorios dedicados a semejantes monstruosidades.

Aunque parezca paradójico, la defensa del sagrado derecho a la vida nos obliga a contemplar la dolorosa posibilidad de tener que castigar el aborto con la pena más severa: “Si hoy permitimos que una madre mate a su hijo […] debemos plantearnos la idea de matar madres abortistas para que las cosas se equiparen”, manifestaba un paladín del derecho a la vida, en una carta publicada hace un tiempo en “El Colombiano”, diario comprometido con la defensa de los valores católicos. Es hora de someter a referendo popular la posibilidad de instaurar la pena capital para todos esos “Mengeles” de bata blanca que se dedican a la manipulación de embriones en el execrable negocio de la fecundación in vitro.

También es menester reconsiderar la propuesta de la doctora Gilma Jiménez para que toda mujer que ose utilizar como abortivo la llamada píldora del día siguiente purgue el resto de su existencia tras las rejas, pues hablando sin tapujos, se trata de un infanticidio, el mismo crimen que la senadora buscó penalizar desde un comienzo. Así mismo hay que estar vigilantes y establecer penas drásticas para el personal médico que se atreva a practicar cualquier procedimiento que conduzca, directa o indirectamente, a la muerte del embrión, como ocurre en el tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico, pues los derechos de un ser humano, aunque sea “en potencia”, no pueden ser lesionados bajo ninguna circunstancia.

En su encíclica Evangelium Vitae, su santidad Juan Pablo II nos recuerda el carácter sagrado de la vida. Sé que hay eminencias en materia teológica que han llegado a la conclusión de que los peores criminales no merecen vivir, lo cual, aunque excepcional, no encierra contradicción alguna con la carta pontificia. Si un alma piadosa como el padre Alfonso Llano se regodeó con el asesinato de un reconocido terrorista, no por ello debemos dudar de su amor al prójimo, ni de su convicción acerca del sagrado valor de la vida humana. No olvidemos que la teología es un terreno movedizo que pocos privilegiados están llamados a transitar.

Doctor José Darío Salazar, no sé si habrá advertido que el principio moral que usted defiende con la mayor sinceridad implica así mismo la preservación de la vida bajo cualquier circunstancia, pues, ¿qué sentido tendría afirmar que ésta es sagrada e inviolable, y al mismo tiempo consentir el asesinato en casos excepcionales? “Inviolabilidad” significa precisamente eso: lo que por definición no se puede quebrantar. Bajo este canon es forzoso concluir que aun cuando se mate en defensa propia, o en defensa de los hijos, o en defensa de la patria, resulta imposible justificar la muerte del agresor sin violar su sagrado derecho a la vida. Sin embargo, hay que estar atentos: este mismo principio podría ser invocado para maniatar las Fuerzas del Orden, que se verían obligadas a luchar sin más armas que el amor y el poder de la oración. Sepan bien que cualquier fisura en la ley será aprovechada por los abortistas, y no se extrañen si mañana ven a una pobre niña violada alegando que se vio forzada a finalizar su embarazo “en defensa propia”, pues era su vida o la del feto.

Señores Senadores, no se vayan a quedar a medio camino, hay que consumar la santa cruzada contra los derechos de la mujer.

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