Tienen los españoles una tradición teatral de una puesta en escena de una obra jocosa o divertida conocida como sainete. Pues todo esto que está pasando con la designación del fiscal ad hoc para los casos de la corrupta Odebrecht en los que se declaró impedido el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resultó ser una tragicomedia hasta divertida.
El país se metió en ese embeleco a pesar de que la Fiscalía y, específicamente, la vicefiscal, María Paulina Riveros, han producido resultados muy importantes en el caso de Odebrecht. En virtud de esto el señor presidente le llevó a la Corte Suprema una terna conformada por Margarita Cabello, Clara María González y Leonardo Espinosa. Desde que se conocieron los nombres empezaron las críticas. De la doctora Cabello se dijo que había problemas porque no podía ser escogida por la Corte, toda vez que ella había escogido a varios de los actuales magistrados. Finalmente renunció a la terna el jueves en la mañana. De la doctora Clara María se dice que es un error haberla metido allí en la terna, pues sería llevar el tema de Odebrecht y la corrupción al Palacio de Nariño, cuando lo mejor sería tener esa porquería a miles de kilómetros. Resultaría un disparate que una subalterna del presidente sea la que investigue este caso. Y del doctor Espinosa no se dice mucho. La Corte devolvió la terna y le pidió al presidente que reemplace a la doctora Cabello. Debería el presidente repensar todo este tema de la terna.
Ha dicho el presidente Duque que el fiscal ad hoc no ejercerá un cargo público y no tendrá salario por lo que, según su criterio, no habría impedimentos. Me surgen varias dudas: si no es funcionario, ¿puede entonces como particular dictar órdenes de captura, ordenar allanamientos o pruebas e imputar cargos? Si no es funcionario, ¿cómo podría darle órdenes al personal del CTI o de la Fiscalía que lo apoye en las investigaciones?
Es claro que la legislación colombiana no contempla claramente esta figura del fiscal ad hoc, por lo que todo el mundo tiene sus teorías al respecto. Por eso me temo que todo esto va a salir mal, pues si, a manera de ejemplo, a mí me llegara a investigar un fiscal ad hoc, que no es funcionario, pues acudiría a las instancias judiciales nacionales e internacionales para pedir la nulidad de todas esas actuaciones. En un tema tan sensible como la libertad o la comisión de delitos, la ley debe ser preexistente y clara. Y en todo este sainete nadie se ha detenido a pensar que no tendrían validez las decisiones de un ciudadano cuyo cargo no está reglado y quien, según lo ha dicho el presidente, no ejerce funciones públicas.
Por eso deberían reconsiderar y estudiar bien el tema de la terna, presentar un proyecto de ley que ya había presentado el actual fiscal general, reglamentar la figura y entre tanto dejar que la doctora Riveros continúe con las investigaciones de Odebrecht. En caso de seguir con este sainete todo esto le saldrá mal al país. ¡Qué sainete!