Por: Mauricio García Villegas

El salario de los maestros

En una sociedad justa, el mérito y el esfuerzo se ven reflejados en la remuneración que una persona recibe por su trabajo. Esta idea está bien ilustrada en una célebre frase de Bill Clinton: “si usted trabaja duro y no viola las reglas, puede esperar que el país le dé la oportunidad de tener una vida decente y que sus hijos tengan una vida mejor que la suya”.

El capitalismo actual (ayudado por Clinton, además) ha ido deteriorando este ideal de justicia al volverse cada vez más especulativo y azaroso. Colombia y América Latina no son ajenas a ese deterioro, con el agravante de que esa justicia social nunca tuvo aquí mayor arraigo. Uno esperaría, sin embargo, que al menos en la burocracia estatal la relación entre esfuerzo, mérito y salario fuera justa.

Digo todo esto pensando en el salario que reciben los maestros y en la huelga que empezaron hace un par de días; una más de las innumerables que han hecho desde hace por lo menos cincuenta años para pedir una mejora salarial. Los maestros en Colombia ganan algo así como un millón y medio de pesos mensuales en promedio. Eso es demasiado poco, sobre todo si se tiene en cuenta el valor social de su trabajo y las dificultades que enfrentan. Si de comparar se trata, yo diría que la labor del maestro es tan difícil e importante como la labor de, por ejemplo, un juez municipal. No obstante, un juez municipal gana tres o cuatro veces más que un maestro de un colegio público. Esto no tiene justificación.

Cinco décadas de protestas no han servido para mejorar las condiciones de los maestros. Peor aún, tanto rifirrafe ha ido creando un círculo vicioso: los malos salarios ahuyentan a muchos de los mejores maestros; eso afecta la calidad de la educación pública y disminuye los apoyos sociales e institucionales que el sistema educativo necesita para funcionar bien, todo lo cual marginaliza al sindicato, radicaliza sus demandas y las hace más corporativas. Ante semejante situación, la clase alta y las élites dirigentes de este país han optado por crear una educación paralela, privada, costosa y a su medida. Desde allí observan el deterioro de la educación pública (y de la educación privada para pobres) como si fuera uno más de los fardos inevitables de la pobreza y no como lo que realmente es: la violación de un derecho fundamental. Así las cosas, en Colombia se ha ido configurando un sistema educativo de separados y desiguales (apartheid educativo) en donde los hijos de los ricos estudian en colegios privados de alta calidad y los hijos de las clases media baja y baja estudian en colegios públicos y privados de mediana, baja y con frecuencia muy baja calidad.

Para que esta situación cambie, en Colombia debería haber un gran pacto nacional por la educación; un pacto que cambie radicalmente el orden actual de prioridades a favor de un sistema educativo esencialmente público (la educación privada debería ser la excepción), pluriclasista y de buena calidad. Un pacto que incluya, además, un compromiso decidido de Fecode en pro de la calidad de los docentes, lo cual implica aceptar que el esfuerzo y el mérito deben ser evaluados y, si es el caso, premiados.

¿Muy radical lo que propongo? Pues sí; lo que pasa es que estamos demasiado lejos de la manera como funciona la educación en una democracia seria. Peor aún, tal vez estamos demasiado cerca de una sociedad que no valora la educación y en la que, parafraseando a Clinton, muchos piensan que, si trabajo poco y violo las reglas, puedo alcanzar no sólo una vida más digna, sino que mis hijos tengan una vida mejor que la mía.

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