Por: Cartas de los lectores

El salario “mínimo”

El reciente anuncio del Gobierno Nacional frente al salario mínimo ha causado diversas reacciones entre la opinión pública. Por un lado, el regocijo de los gremios empresariales y del propio Gobierno frente al “logro” de un salario mínimo ajustado a las “necesidades de la economía” de este año. Por otro, la indignación de la mayoría de ciudadanos de a pie, para quienes el pírrico incremento no llena las expectativas de mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares, sobre todo cuando la pomposa cifra del 5,9 % es traducida a términos nominales en algo más de medio dólar por día.

Por estos días es normal que los medios realicen ejercicios didácticos para ilustrar la magnitud del ajuste salarial (como mostrar con cuántas moneditas se cubre el ajuste salarial). Sin embargo, por más duro que suene, en Colombia son millones las personas que sobreviven con una cifra muy por debajo de lo decretado. Nuestro país registró (según el DANE) en el tercer trimestre de 2017 una cifra de 10,8 millones de ocupados, de los cuales cerca de la mitad se encuentran en condición de informalidad. Teniendo en cuenta que la población económicamente activa en Colombia está en el orden de los 12 millones de personas, podemos afirmar que tan sólo el 46 % de esas personas se encuentran trabajando de manera formal. Por otro lado, la vinculación formal en gran parte de los casos se da en cargos cuya remuneración no depende del salario mínimo, como militares, funcionarios de la Rama Judicial, congresistas, servidores públicos, docentes del Magisterio, entre otras ocupaciones que garantizan algún grado de formalidad en su vinculación.

Esta situación nos lleva a considerar que el salario mínimo de nuestro país es un indicador del nivel de ingreso de los trabajadores que resulta muy poco fiable, en la medida que sólo una minoría de los trabajadores se pueden dar el “lujo” de tener un empleo formal y devengar un salario legal. La situación de informalidad de los trabajadores colombianos se refleja en la poca fuerza que logra demostrar el movimiento sindical a la hora de afrontar el ritual anual de negociación del salario, que termina por ser una emboscada de Gobierno y empresarios, cuya estrategia de negociación se acompasa perfectamente.

Sin desmeritar los efectos económicos que tenga la definición del salario mínimo, es evidente que éste sirve más como un indicador del costo de otro tipo de conceptos (como las multas, las matrículas en la educación superior, etc.), en lugar de reflejar el ingreso mínimo de los trabajadores. En ese orden de ideas, el ajuste salarial siempre ha sido estricto con la promesa anualmente incumplida por parte de los empresarios, de aumentar la demanda de fuerza laboral en condiciones de formalidad al contar con módicos salarios. Argumento que resulta falaz, pues como hemos visto, la informalidad es causa -y no efecto- del nivel salarial. Por ello, entre mayor sea el nivel de informalidad de los trabajadores del país, menos capacidad de aumentar los salarios en la negociación. En esas condiciones, acudir a la mesa es para los sindicatos un ejercicio frustrante y, en algunos casos, cómplice en el proceso de legitimación de los ajustes predefinidos por el Gobierno y los gremios.

William Alexánder Aguirre.

 

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