El sinsentido de la detención del gobernador de Antioquia

Por Azucena Restrepo Herrera*

No deja de causar sorpresa la orden de captura emanada de la Fiscalía General en contra de Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, que implica su suspensión temporal del cargo. La determinación es un hecho inoportuno y de extrema gravedad para la región: con el liderazgo del gobernador y de la Dirección Seccional de Salud, Antioquia ha mostrado reconocidos resultados en la gestión de la pandemia del COVID-19. Al reiniciar la reactivación social y económica, una pérdida de liderazgo significa poner en riesgo la vida de muchos de nosotros.

Está claro que en su primera gobernación, como en su mandato como alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria gobernó con liderazgo, visión y transparencia, en una vida pública apreciada por esferas políticas, públicas, privadas, sociales y académicas.

La decisión suena desproporcionada sobre todo si se reconoce que la conducta que hoy se tipifica es la falta de diligencia en la vigilancia de un contrato para la construcción de infraestructura en el Bajo Cauca antioqueño. La ejecución de la obra había sido delegada y no estaba directamente a su cargo.

La Fiscalía usó las facultades de la Ley 600, en la que se habilita al fiscal delegado para ordenar directamente la medida de aseguramiento sin la aprobación de un juez de la República. Este procedimiento penal cambió desde el 2005 con el régimen acusatorio, que da a los ciudadanos el derecho a que esa medida sea ordenada por un juez y no por el fiscal que hizo la investigación. Por demás, la decisión es incoherente con la directiva número 0001 de 2020 de la misma Fiscalía, en la que se expresa que “se debe preferir la libertad de las personas mientras se desarrolla la investigación. Solo en casos excepcionales, y luego de que el fiscal de conocimiento haga una valoración exhaustiva, pueden solicitarse medidas de aseguramiento”.

Es sorprendente que se recurra al aseguramiento, sin considerar que no parece configurarse ninguna de las causales por las cuales ésta procede: la posibilidad de eludir el proceso, de afectar pruebas o el ser un riesgo para la sociedad.

En Proantioquia, como actores relevantes del desarrollo regional y nacional, hemos asumido la justicia como un bien público superior. Hace 26 años, hicimos parte de la fundación de la Corporación Excelencia en la Justicia. Hoy trabajamos para que la aplicación de justicia en el país se dé exclusivamente dentro del marco del Estado social de derecho y con procedimientos razonables y proporcionados. En este sentido, consideramos que la decisión de la Fiscalía supone un riesgo para la confianza ciudadana en las instituciones, activo clave para la solidez de nuestra democracia.

Hacemos un llamado para que se respeten las garantías y el debido proceso a los que tiene derecho el señor gobernador, seguros de que podrá responder de forma adecuada y transparente a la investigación en curso. Ratificamos nuestro apoyo a su gestión y a su equipo de gobierno, expresando nuestra voluntad de seguir trabajando unidos por la superación de la crisis histórica generada por la pandemia del COVID-19.

* Presidenta de Proantioquia.