Por: Ernesto Macías Tovar

El sometimiento del Estado

El gobierno trata de imponer la tesis que la paz se logra simplemente con la firma de un acuerdo con algunos cabecillas de las Farc y que para firmarlo hay que aceptar sus pretensiones.

Y para lograr el objetivo se ha venido construyendo un ambiente de euforia colectiva a través del cual lo mediático desborda la institucionalidad del país. Se ha llegado al extremo de no permitir que siquiera se toquen temas que incomoden o molesten a los cabecillas del “otrora” grupo terrorista. Y aquel que se atreve a hacerlo es señalado como enemigo de la paz. 

Es muy grave que el Presidente de la República haya reconocido públicamente que altos funcionarios suyos –un ministro, un consejero y otros- y su propio hermano, se sentaron a manteles en La Habana, durante meses, con varios delincuentes condenados y con cuentas pendientes con la justicia colombiana y, quienes, durante ese tiempo tenían circular roja de Interpol. Posteriormente, en lo que constituiría una burla al Estado, esos mismos delincuentes condenados y perseguidos por la justicia, se presentan ante el mundo en ruedas prensa, en algo que representa, sin duda, su nueva legitimación. ¿Era necesario llegar a esos extremos?

Después sale el Fiscal General, sin necesidad, diciendo que prefiere a los cabecillas condenados de las Farc –y acusados por la misma Fiscalía- en el Congreso. Pero también propone ‘amnistías condicionadas’, es decir, impunidad. Aquí, el mensaje del Fiscal es que le importa un pepino la Constitución, la cual inhabilita para ser elegido a quien haya sido condenado por delitos distintos al político. Y también desafía el derecho internacional que no permite indultos ni amnistías a quienes hayan cometido delitos atroces; solo accede a rebaja de penas. Las normas internacionales y el Estatuto de Roma, obligan a que las violaciones de derechos humanos sean investigadas, y los perpetradores juzgados y condenados. ¿En qué anda el Fiscal? Y absurdo que en ese coro que reclama impunidad para las Farc están los que exigían “verdad, justicia y reparación” de los Paras que están extraditados.

En la misma línea de euforia colectiva que tratan de establecer, no han faltado los fortuitos congresistas que les han ofrecido crear un partido político, aunque ya tienen la Marcha Patriótica. Lo cierto es que las Farc ya están detrás de protestas sociales como la de los indígenas y los campesinos, a través de las cuales hacen proselitismo. Pero, claro, mediante la intimidación sin que el gobierno lo impida. Para las Farc no existen la Constitución ni las leyes.

Consecuente con lo anterior, el gobierno acordó –en Cuba- discutir temas de país como la agenda social con quienes son responsables de delitos de lesa humanidad y el narcotráfico con ellos mismos que son el mayor cartel de las drogas. ¿En dónde quedan –Congreso, gobierno y gremios, etc.- las instancias institucionales para debatir esos temas?

Entonces, en un proceso de paz o de diálogo con un sector del terrorismo, el gobierno que representa la institucionalidad, tiene que someter a quienes están por fuera de la ley y no someter al Estado ante aquellos, como está ocurriendo.

Twitter: @emaciastovar  

 

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