Por: Humberto de la Calle

El tamaño de la farcpolítica

PRIMERO FUE FERNANDO LONDOño. En reciente columna trató de hacer una radiografía de la farcpolítica para mostrarla como una gran amenaza que, no obstante, permanecía impune. Habló de compromisos en el gabinete del Tolima, de infiltrados en la Fiscalía, de Gómez Méndez y del senador Jaramillo.

Ahora se nos viene Plinio Mendoza en escrito del pasado viernes, con la tesis de que el problema es de desequilibrio informativo. Que, afirma, los periodistas, de manera inconsciente, agrandan la parapolítica y minimizan la incidencia de las Farc en ciertos estadios de la acción electoral y en algunos órganos del Estado.

Pero la verdad de todo esto es que lo realmente desproporcionado es el deseo de igualar la incidencia decisiva de los narcomafiosos en una estrategia de captura del Estado y los intentos, más bien periféricos, por parte de la guerrilla, de influir en algunas reparticiones administrativas y políticas.

A Plinio hay que reconocerle sagacidad. Presta un servicio cuando lleva a cabo la ingrata tarea de prender las alarmas. Y lo hace con ingenio e ilustración. Pero tampoco hay que exagerar.

Lo que para las Farc son apenas operaciones tácticas, tiene un tamaño y un efecto infinitamente menores que la gran maraña estratégica del narcoparamilitarismo y sus socios congresistas.

No se trata de minimizar la infiltración de las Farc y el PC3 en órganos de control, en universidades y en otras esferas de la vida pública. Pero esto no se puede igualar a la gran concentración en algunas regiones de recursos de la salud, del chance, de las obras públicas en manos de políticos aliados con los paramilitares, ni es comparable a una presencia masiva de congresistas con serios nexos con tales grupos, elegidos además mediante el diseño de estrategias compartidas con el ánimo de “refundar la patria” desde el órgano legislativo.

La razón de la diferencia es obvia: las Farc son el antisistema. Su método es la destrucción del Estado. Las Auc, en cambio, se disfrazaron con la capa del sistema, esto es, de la defensa del statu quo, para comprar, corromper, asesinar y extorsionar, utilizando de manera perversa el nombre del capitalismo y de la libre empresa.

El riesgo es que la homologación de ambos fenómenos conduzca, no a alertar sobre las vulnerabilidades del Estado, sino por el contrario, a minimizar la gravedad de la parapolítica. Y, de paso, a indicar de manera injustificada que la Corte Suprema mide con diferente vara a una y otra actividad ilegítima. El gran peligro, como lo denuncian algunos visitantes furibundos de las páginas web, es que se aclimate la idea de una Corte que procede con lenidad frente a los asociados de las Farc. Esto no sólo sería injusto, sino que contribuiría aún más a desbarajustar nuestra vapuleada rama judicial.

En este caso, queridos Fernando y Plinio, el tamaño sí importa.

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Dice Claudia Hoyos en el 1-2-3 que la Corte Suprema presiona a los testigos en el caso de la yidispolítica, porque los amenaza con cárcel en caso de “injurio” (?). Claudia, ¡por favor! La ley obliga a todos los jueces, incluida la Corte, a informar a todos los testigos que el perjurio está castigado con prisión y que, por tanto, serán castigados si no dicen la verdad. La Corte, pues, se ha limitado a cumplir la ley. Como debe ser.

 

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