El terrorismo y la protesta social

Abelardo de la Espriella, Ana María Abello y otros columnistas de opinión de ultraderecha insisten en que la violencia que hubo contra la policía y los bienes públicos y privados, en el marco de las marchas del paro nacional, no son vandalismo, sino terrorismo.

Aunque muchos dicen estar en contra de la violencia, pocos en realidad la condenan cuando se ejerce para proteger sus ideales o intereses políticos. En una entrevista de 2008, por ejemplo, el abogado De la Espriella elogió a Salvatore Mancuso y dijo que llevó una “lucha que debimos haber dado todos los cordobeses”. Las Autodefensas Unidas de Colombia, sin embargo, fueron catalogadas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Así que el problema no es el “terrorismo” en sí, pues la ultraderecha se muestra dispuesta a elogiar a terroristas, siempre y cuando piensen como ellos; lo que les molesta es la izquierda, o cualquier cosa que se le parezca, que viene a ser cualquier ideología menos de derecha que la suya.

Un “terrorista”, en su libreto, no es un manifestante que ejerza la violencia, sino un izquierdista que ejerza la violencia, pues no escuchamos llamarles “terroristas” a los manifestantes venezolanos que atacan con violencia a la policía durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

La ultraderecha no rechaza la violencia en sí, pues, al igual que el terrorismo, no desaprueban la violencia en otros contextos, sino el hecho de que la practiquen personas que tienen una ideología contraria a la suya.

El “terrorismo”, en su boca, es la condena a una ideología. No solo por lo anterior, sino porque además se han apresurado a asumir que los únicos “encapuchados” son elementos de la izquierda radical, desestimando las pruebas de que la policía usa a sus propios “encapuchados” para enrarecer el clima de las protestas.

El problema de este tipo de vocabulario y de estas inconsistencias —elogiar el terrorismo en algunos escenarios y no criticar la violencia de los manifestantes en otros— no es tanto que debilita los argumentos de estas personas, sino que le restan credibilidad y peso a la palabra “terrorismo”.

Nadie se llama a sí mismo un “terrorista”, y es usual escuchar que la palabra es una herramienta para deslegitimar las luchas por causas subalternas. Deslegitimar a los palestinos, a los comunistas, a los chechenos, en fin. Según una definición superficial y que generalmente utilizan los Estados, el terrorista es quien usa la violencia para oponerse a un estado de cosas, a un statu quo. No importa el grado de violencia o su objetivo. Si usa piedras o dinamita. Si ataca al ejército o a civiles. El terrorista es el que usa la violencia contra el establecimiento. Esta es una definición muy común, sobre todo, en los regímenes que no son democráticos, y la usan personas que por lo general no gustan mucho de la democracia.

Es el argumento que usaba Jacques Vergès, abogado fallecido en 2013, hijo de un francés y una vietnamita, que defendió a personajes como Carlos el Chacal y a combatientes del Frente de Liberación Nacional de Argelia que pusieron una bomba en un café de Argel frecuentado por franceses. El terrorismo, para Vergès, era una palabra creada para deslegitimar la lucha de quienes no tienen ejércitos nacionales.

Lo irónico es que la palabra terrorismo nació del “terrorismo de Estado”. En Francia, entre 1793 y 1794, el Reino del Terror eliminaba a todo contendor político del Comité de Salvación Pública, tras la Revolución Francesa. El terrorismo era gobernar con el poder del terror. Siguiendo esta definición original de “terrorismo”, más lo serían las fuerzas de seguridad del Estado que abusan de su poder, y utilizan las amenazas, el homicidio y la intimidación.

No hay una definición de “terrorismo” aceptada por todos los Estados miembro de Naciones Unidas y ni siquiera por los ciudadanos de un país. Creemos que reconocemos el terrorismo cuando lo vemos, pero fácilmente usamos la palabra para desprestigiar la violencia que desaprobamos. Lo que este tipo de pantanos semánticos y políticos deben poner de relieve es la necesidad de tener definiciones rigurosas y en lo posible despolitizadas. De lo contrario, se abre paso tanto a la legitimación de los abusos de autoridad, como a la legitimación de la violencia política.

Twitter: @santiagovillach