El túnel y la trocha

Santa Elena es uno de los cinco corregimientos que rodean Medellín. Ubicado en el oriente de esta capital, el corregimiento organizó el pasado jueves una protesta contra un túnel. “¡Que el túnel de Oriente nos responda, no más estudios, queremos soluciones”, gritaron los manifestantes. En su página web, la Concesión Túnel Aburrá/Oriente amontona testimonios de grandes ingenieros que dan cuenta de la “majestuosidad” de la obra. A pesar de las muchas alabanzas y los estudios técnicos que eximen de cualquier culpa a la concesión, los vecinos de Santa Elena sospechan de los efectos que el túnel está teniendo en el corregimiento. “La vía al frente de mi casa se hundió junto a mi rancho y las casas de mis vecinos. Esto no había pasado antes de que se hiciera el túnel de Oriente”, afirmó uno de los líderes veredales. Así, mientras las grietas cuartean viviendas, los manifestantes seguirán dudando de estudios y buenas intenciones. “Nos están dilatando mucho las fechas y nosotros seguimos con la misma ansiedad e incertidumbre”, contó uno de los habitantes que tuvo que evacuar su vivienda.

Este mismo jueves, el túnel 3, en la vía Bogotá-Villavicencio, ocasionó sus propias protestas. Además de los cierres y anarquías que caracterizan esta vía en los días lluviosos, la comunidad del municipio de Guayabetal, en Cundinamarca (donde se construyen las obras en el tercer tramo de la vía), denunció que en el mentado túnel se “abrió un cráter de gran magnitud, el cual se estaría llenando de agua”. “Acá en el túnel 3 la montaña se hundió y por eso estamos muy asustados”, explicó una de las vecinas, a la vez que más de 50 personas eran evacuadas y reubicadas por los bomberos, debido al “inminente riesgo que se advierte con esa cavidad en la base del túnel”. Coviandina, la concesionaria que construye el túnel, es la nueva empresa del conglomerado Sarmiento Angulo, que heredó la operación y manejo de la vía al Llano, tras la caída del puente de Chirajara (en que murieron nueve trabajadores).

Más al norte, en el departamento del Magdalena, se registraron también protestas esta semana. Esta vez, no por defectos en las vías pavimentadas, sino por ausencia de ellas. La rabia de los habitantes de las inmediaciones de Ciénaga tiene que ver con los miles de mangos de azúcar que se echan a perder, pues no son sacados a tiempo de la región para su comercialización. Lo que hace más tangible la frustración es que hace exactamente un año, en los meses de mayo y junio de 2018, se registraba en prensa local y regional exactamente la misma situación: “montañas de mangos que se pudren al sol sin que nadie los lleve a un mercado”. “Es una pena que por falta de ayuda del Gobierno se pierda esa cosecha que ni siquiera se puede regalar, porque el transporte hasta el lugar no es fácil”, dijo uno de los muchos trabajadores que se quedaron sin sueldo. Y explicó cómo el camino a las veredas en que se produce el mango está compuesto de trochas de la zona rural de Ciénaga. “Aquí el tema de las vías es una historia de nunca acabar”, resumió.

Muchos autores han señalado y analizado el papel fundamental de la infraestructura vial en la producción de los estados nacionales. Es decir, el rol que juega la construcción de carreteras en las ideas que las comunidades de hacen del gobierno y el sentimiento de inclusión dentro de un destino común. Sin embargo, en el caso de proyectos descuidados, desbocados en el intercambio de sobornos y sin coordinación o vigilancia, la infraestructura no sólo ayuda a crear, sino también a limitar estas ideas de pertenencia. Túneles que dejan a familias sin vivienda ni explicaciones y trochas que no son vías contribuyen año tras año a aumentar la desconfianza en las instituciones. En este sentido, la infraestructura vial no solo construye al Estado, sino que también puede contribuir a socavarlo.