Por: Luis Carlos Reyes

El universo paralelo del excandidato Vargas

En su columna del domingo, el excandidato presidencial Germán Vargas lamentó el tratamiento que recibirían los empresarios con la nueva ley de financiamiento presentada por el gobierno de Iván Duque, que se debate en estos días en el Congreso. Según Vargas, “el empresariado colombiano no solo saldrá engañado, sino gravado en su esfuerzo emprendedor”, y el gobierno y la sociedad le hacen una gran injusticia al verlo como “una vaca que hay que ordeñar”.

Para alguien que como candidato presidencial destacó su conocimiento profundo de las políticas públicas como su principal fortaleza, Vargas no parece estar interesado en hacer un balance objetivo de la ley de financiamiento. Lo suyo es más un discurso político que le sirve para criticar al gobierno que le habría gustado encabezar, a la vez que intenta hacer méritos para perfilarse como defensor de los empresarios.

Desafortunadamente, la realidad económica no está de su lado. El proyecto propuesto por el gobierno del presidente Duque busca, de un solo golpe, reducir prácticamente a la mitad la brecha que nos separa de los países de la OCDE en términos de tributación corporativa. Los recortes tributarios propuestos a las empresas son de cerca de 9 billones de pesos, o un 1% del PIB. Al gobierno y a la ley de financiamiento se le pueden cuestionar muchas cosas, ¿pero acusarlo de tratar mal a las grandes empresas o a sus dueños?

Veamos los argumentos del excandidato. Habla de nuevos impuestos al sector financiero, probablemente refiriéndose a una interesante propuesta del senador conservador David Barguil, sin darse cuenta de que esta no prosperó y no hace parte de la nueva versión de la ley de financiamiento. Tampoco se da cuenta de que el gobierno propone quitar la figura de la renta presuntiva que él critica. Se queja de nuevos impuestos al sector minero-energético, si bien la propuesta del gobierno le es favorable al sector, dándole incluso nuevos beneficios como deducir de sus impuestos las regalías que le entrega al Estado por la explotación de los recursos de la Nación. Además, critica los nuevos impuestos a las bebidas azucaradas y a la cerveza (1 billón de pesos que pagarán principalmente los consumidores, no los empresarios), el impuesto a los dividendos que reparten las empresas entre sus dueños (0,8 billones), y el impuesto al patrimonio (1,2 billones) que pagarán las personas naturales, no las empresas. Incluso si se aceptara que todas estas son imposiciones al empresariado, sumarían 3 billones de pesos frente a los 9 que se le van a recortar. Vargas, sin embargo, considera que una reducción de impuestos de 6 billones de pesos al año debe ser motivo de conmiseración para el empresariado colombiano.

6 billones de pesos equivalen a casi el doble del presupuesto de las universidades públicas, a 7 veces el Programa de Alimentación Escolar (PAE), o a 9 veces el gasto anual en Ser Pilo Paga. Pero para Vargas este recorte de impuestos a los empresarios no es excesivo, sino demasiado poco.

Uno no tiene que estar de acuerdo con las prioridades fiscales del gobierno para darse cuenta de que, si en algo ha sido consistente con sus promesas de campaña, es en buscar reducir la tributación de las empresas. Para concluir lo contrario hay que vivir en un universo paralelo o estar más interesado en la retórica que en los hechos.

Luis Carlos Reyes, Ph.D., Profesor del Departamento de Economía y Director del Observatorio Fiscal, Universidad Javeriana

Twitter: @luiscrh

 

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