Por: Cristina de la Torre

El uribato, segundo acto

Entre 2002 y 2010 el uribismo hizo la guerra y montó, a su amparo, un régimen arbitrario, de la estirpe del de Chávez y Fujimori. Hoy vuelve al poder para dinamitar los pilares de la paz: la Reforma Rural Integral y la Justicia Especial de Paz. Mientras el presidente cocina sudoroso proyectos que aterricen sus propuestas y en función de halagar a todos en la derecha, su partido ocupa el escenario, lleva la voz cantante y termina por escoger la carne del sancocho. Que del recado se ocuparán los técnicos del gabinete. Unos conciben las políticas —el presidente eterno, el empresariado glotón, el latifundismo, las fuerzas más retardatarias y violentas que lo siguen—; otros, políticos vergonzantes que pasan por expertos incontaminados, las convertirán en hechos tangibles. En marchitamiento de la restitución de tierras: de baldíos robados a la nación o adquiridos dolosamente; de predios usurpados o comprados a huevo bajo amenaza y readquiridos casi siempre por propietarios de mala fe. En boicot al fondo de tierras con destino al campesino que las requiere; o al catastro multipropósito, por ser éste medio de modernización del campo y de reforma agraria sin alharacas. Por razones de espacio, aquí aludimos sólo al cerco contra la reforma rural. Otra vez será sobre la asonada de la derecha para debilitar la JEP, deslegitimarla y obstruir su funcionamiento. Para destruirla.

Cursa en el Congreso proyecto de María Fernanda Cabal que hiere de muerte la restitución de tierras y legaliza el despojo. Porque revierte la carga de la prueba contra el reclamante de su predio. Si la ley de 2011 obliga al ocupante a demostrar que lo ocupó o lo compró de buena fe, ahora será la víctima quien deba demostrar el despojo. Y el presidente no dice mu. Antes bien, entrega las entidades líderes de la reforma rural a sus más enconados detractores; y a beligerantes enemigos del Acuerdo de Paz, cuyo punto nodal es éste de la reforma en el campo. Andrés Castro, exsecretario general de Fedepalma, será ahora director de la Unidad de Restitución de Tierras; y Myriam Martínez, también del gremio, lo será de la Agencia Nacional de Tierras. Claudia Ortiz asumirá la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural. Adversaria radical de los programas que deberá desarrollar, ¿violentará sus convicciones, o bien, encabezará el sabotaje de la reforma rural desde la cumbre?

Investigadores de la UN han identificado —hasta ahora— 368.000 hectáreas de baldíos adquiridos irregularmente por particulares. Tierras con destino a beneficiarios de reforma agraria, serán el núcleo del Fondo de Tierras previsto en la reforma rural. Mas, mediante argucias jurídicas, se ha trocado a estos baldíos en fuente adicional de concentración de tierra, la segunda mayor del mundo. Así adquirió la firma Mónica Colombia 12.238 hectáreas en Puerto Gaitán. ¿Qué dirá el Gobierno? ¿Qué hará?

Y a la voz de catastro multipropósito, ¿seguirá haciéndose el desentendido? Probablemente. Es que un catastro actualizado en el campo lo dirá todo sobre propiedad, uso y vocación económica de la tierra. Permitirá planificar el desarrollo en los territorios. Y tasar a derechas el impuesto predial, fuente principal de las finanzas en el municipio. Pero nuestros terratenientes llevan siglos impidiendo, fusil en mano, la conversión de sus heredades especulativas en inversión productiva. Bueno, el catastro obligaría a declarar el valor real de la tierra y a pagar impuestos en su debida proporción. O ponerla a producir. O venderla. Pero no más aquello de avalúo enano y precio comercial astronómico.

Por razonable que parezca la reforma rural si de asegurar la paz se trata, no será su artífice el uribato que interpreta su segundo acto en el poder. Queda el cambio en manos de la gente.

 

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