Por: Cecilia Orozco Tascón

El uribismo inimputable

Estoy esperando a ver qué dicen contra el procurador quienes le cayeron a críticas al fiscal por haber revelado, en un medio, que iba a llamar a interrogatorio a Óscar Iván Zuluaga y cía.

Ordóñez, cual compadre de vereda que se basa en “chismes”, lanzó un trino al que quiso darle toda la importancia puesto que antes advirtió: “ATENCIÓN… la Procuraduría manifiesta…”. Y continuó: “propuesta de ‘gendarmería rural’ con miembros de las FARC ratifica que SÍ se negocia estructura de la Fuerza Pública en La Habana” (mayúsculas en el original). Se refería a una respuesta de Santos, en París, a un reportero que le preguntó si desmovilizados de la guerrilla podrían ingresar a un cuerpo de policía rural cuya creación acababa de anunciar. Las palabras del mandatario fueron: “No lo he pensado pero no lo descarto”. Se cae de su peso que del “no lo he pensado…”, no se puede deducir, con seriedad, que “se negocia estructura de la fuerza pública en La Habana”. Sí, aquí estoy sentada esperando impaciente a leer los durísimos comentarios en contra de Ordóñez —en equivalencia con los que se hicieron contra Montealegre— por meterse a opinar sobre el proceso de paz. Claro, tengo pocas esperanzas de que eso ocurra, porque los que se rasgaron las vestiduras por la vía radial utilizada para informar una novedad en el affaire Zuluaga, coinciden con varios de los que daban volantines de la dicha cuando Ordóñez hizo saber, entre otros a través de Francisco Santos, que iba a destituir a Petro, uno o dos meses antes de anunciar formalmente su decisión judicial. Tal vez la línea de los rumores, en lugar de las declaraciones, les parece mejor.

Y a propósito, solo en Colombia puede prosperar la tesis de que un ciudadano es inimputable, o sea que está a salvo del examen judicial de su conducta, no por incapacidad física o mental como se comprende jurídicamente, sino por exceso de capacidad. Es decir, por tener mucho poder político e influencia social, como exige el uribismo para sí. Según el diccionario, la inimputabilidad se predica de quien “está eximido de responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible”. Significa que una persona no es sujeto de castigo cuando no puede entender la naturaleza de sus actos. Pero en las doctrinas del derecho o en los textos que fijan los delitos y condenas, no aparece por ningún lado que contar con 7 millones de electores, dé inmunidad vitalicia.

Representar a una nación o a la mitad de ella tampoco le otorga salvaguardia al que participa en acciones que violan las normas establecidas, por ejemplo, penetrar las comunicaciones de otros o, peor aún, las que tienen reserva de seguridad nacional, como es el caso que enfrentan los inimputables Zuluaga, padre e hijo. En las democracias reales suele ocurrir al contrario: a mayor responsabilidad política, mayor responsabilidad jurídica. Suena lógico: el individuo que recibió la confianza de toda una comunidad debe ser más recto, más probo, más estricto consigo mismo y con los suyos, que sus representados. Pido ayuda porque no lo recuerdo: ¿Qué decían, en otra época, los críticos de Montealegre, del fiscal Valdivieso cuando denunció a Samper? ¿Lo aplaudían o lo insultaban por su sesgo político? ¿Qué dijeron en Italia los partidarios de “Il Cavaliere”, del fiscal que encausó a Berlusconi y lo hizo condenar? ¿Cuál ha sido la actitud del rey Felipe frente a la fiscalía y al juez que procesan a su hermana la infanta Cristina: los acusa o permite que la justicia llegue a sus conclusiones? ¿Qué hizo Ángela Merkel con el presidente alemán elegido por ella, Christian Wulff, cuando un fiscal local anunció que lo iba a investigar por corrupción? Lo empujó a renunciar y este lo hizo en los siguientes términos: “la confianza de mis conciudadanos está afectada. Por esta razón, ya no me es posible ejercer mis funciones”. Asuma su proceso con dignidad, doctor Zuluaga. No se esconda tras su opinión y tras el blindaje que Uribe cree que tienen todos los suyos.

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2015-01-28T09:49:48-05:00

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