Por: Rodrigo Uprimny

El uribismo, la paz y la impunidad

El utibismo se ha opuesto al proceso de paz invocando los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad.

Pero muchos hechos ponen en duda la sinceridad de su compromiso con estos valores. Un ejemplo fue su posición originaria frente a la desmovilización de los paramilitares.

Hoy el uribismo defiende la Ley de Justicia y Paz (LJP), que impone una pena alternativa de cinco a ocho años a los paramilitares desmovilizados, que hayan cometido crímenes atroces pero contribuyan a la reparación de las víctimas y confiesen todos sus delitos. En el fondo, el uribismo plantea que una norma equivalente a la LJP debería ser el marco jurídico para las negociaciones con las guerrillas. Pero esa LJP no es obra del uribismo sino de la reacción contra la propuesta originaria del gobierno Uribe.

En 2003, el gobierno Uribe presentó el proyecto de “alternatividad penal”, que no preveía ninguna pena privativa de la libertad para el paramilitar que se desmovilizara, pues bastaba con que cumpliera unos requisitos leves para que pudiera irse tranquilamente para su casa, aunque hubiera cometido crímenes atroces, como masacres, desapariciones o actos de violencia sexual. La propuesta uribista era entonces otorgar impunidad a todos los paramilitares y fue con esa idea que éstos se desmovilizaron.

Este proyecto de alternatividad penal fue tan duramente combatido por las víctimas, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y algunos grupos políticos, que el gobierno Uribe se vio forzado a retirarlo y proponer un nuevo marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares.

Luego de complejos debates fue aprobada la Ley 975, o LJP, que estableció que el paramilitar desmovilizado que fuera responsable de crímenes atroces no quedaría libre pues debería cumplir una pena de cárcel reducida y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Sin embargo, los requisitos establecidos por esa ley para la obtención de la pena reducida no eran rigurosos, por lo cual fue demandada, como una forma sutil de impunidad, ante la Corte Constitucional, la cual la volvió más severa.

La LJP dista de ser un modelo a seguir pues su implementación ha sido muy defectuosa; pero si resultó más favorable a los derechos de las víctimas no fue gracias al uribismo sino a pesar de él.

Esta historia muestra que el compromiso del uribismo contra la impunidad es ambiguo o, si se quiere, selectivo, pues hoy plantea dureza en el proceso de paz con las guerrillas, pero en el pasado buscó una paz con los paramilitares fundada en la impunidad y en el desprecio a las víctimas. Y existen otros ejemplos de esa selectividad del uribismo en este campo, que comentaré en otras ocasiones.

El uribismo tiene razón en que la paz con las guerrillas, para que sea admisible, debe respetar los derechos de las víctimas. Pero de todas las víctimas. Y así como las guerrillas deberán rendir cuentas por sus atrocidades, también deberán hacerlo el Estado y los paramilitares.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Rodrigo Uprimny

Los vencidos

Por un pacto contra los asesinatos II

Un paso adelante… dos atrás

El procedimiento de la JEP

Una elección sin debate