El viceministro no posesionado que pide contratos y amenaza veladamente

Antes de ser posesionado como viceministro de Turismo, Julián Guerrero ya estaba pasando el sombrero para quedarse con los contratos que hacen parte de su cartera. Una de las grabaciones que tiene en su poder la unidad investigativa de La FM señala cómo el ahora miembro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de nuevo, sin haber sido nombrado formalmente, le comunica a un contratista que le retirará su contrato para ingresar a personas de su confianza o, de lo contrario, tendrá que iniciar una investigación que justifique la finalización de la relación contractual. Una amenaza velada.

La conversación entre el contratista y Guerrero transcurre de manera cordial hasta que el trabajador cuestiona la determinación del viceministro en ciernes; es ahí cuando lanza el golpe: “Entiendo la situación, no quiero parecer inhumano, pero necesito traer a la gente que me ayude a cumplir las prioridades con las que me comprometí. Nos pones en una situación en la que tenemos que entrar a mirar en detalle cada uno de los entregables, compromisos del objeto del contrato para revisar si ha habido cosas por fuera del contrato. Yo no quisiera ponerme en esa situación, que es muy jarta para ambos”.

De la conversación surgen varias dudas. ¿Qué hace alguien que todavía no es funcionario hablando como si fuera parte del Gobierno y exigiendo cancelación de contratos? ¿Por qué se utiliza la fiscalización contractual como una medida de coerción velada para la finalización de los mismos? Esta segunda pregunta es de vital importancia porque deja la terrible sensación de que solamente a los que son enemigos de la administración se les aplica la ley. Lo correcto es que las acciones de los entes de control internos sean independientes de los intereses del Ejecutivo.

El señor Guerrero no es un personaje aislado del trabajo estatal. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos trabajó en Presidencia y Cancillería y fue vicepresidente de Procolombia desde 2016. Guerrero es esposo de Ana María Fernández de Soto, hija del hoy embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, quien tiene a otro hijo suyo, Camilo Fernández de Soto, como gerente del Programa de Transformación Productiva en la misma cartera a donde llegó a trabajar su yerno.

Tras la denuncia de La FM, el Ministerio publicó un comunicado justificando el accionar de Guerrero, afirmando que se trató de reuniones “normales” dentro del período de empalme y que no hubo amenazas “veladas”. Desafortunado.

El Gobierno no puede dar ninguna señal de que en su administración hay funcionarios que ponen el amiguismo por encima de la idoneidad y efectividad de quienes contrata y tampoco puede usar a los entes de control de las entidades como amenaza para mover sus fichas. Cero tolerancia con este tipo de accionar es lo que debe demostrar el presidente Iván Duque. En un momento tan convulsionado como el actual, esta administración, que aún está en mora de empezar a mostrar resultados y que se ha metido en el cuento de que sus bajas cifras de aprobación hacen parte de un problema de comunicación, debe empezar a hacer para que eventualmente le empiecen a reconocer. Guerrero se debe ir ya.