Dos sucesos muy recientes, que pasaron con pocos días de diferencia y que aparentemente no tenían ninguna conexión, pueden ser cruciales para seguir profundizando en la interconexión y alianza que existió durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre militares, políticos y empresarios y los sanguinarios grupos paramilitares.
El primero ocurrió el pasado 24 de septiembre cuando el Estado colombiano reconoció de manera acertada su responsabilidad internacional en el asesinato del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero, perpetrado hace 19 años por paramilitares en confabulación con miembros de la fuerza pública.
No solo eso, el Estado también pidió perdón a su familia, amigos, colegas y estudiantes por este horrible crimen y dijo que esto “jamás debió suceder”.
El segundo evento fue la deportación a Colombia de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidad de Colombia (Auc), que operaba en los departamentos del Caribe, La Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena.
Vamos a donde estos hechos se conectan.
Como se ha planteado en esta columna, el 28 de agosto de 2001, el profesor Jorge Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados y fue sometido por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte al día siguiente a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza.
Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por más de 20 años, tiempo durante el cual también habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical.
Gracias a evidencia posteriormente conocida y mostrada en esta columna, se ha podido determinar que en su secuestro, tortura y asesinato intervinieron agentes de operaciones especiales del Gaula (unidad de lucha contra el secuestro), del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Auc controladas por Jorge 40. (Ver Lecciones de un homicidio).
Estos hechos hacen parte de la “arremetida paramilitar” que sufrió la comunidad universitaria de la región Caribe de manera generalizada entre 1996 y 2006.
Ahora bien, pese al acertado pedido de indulgencia del Estado a la familia por este crimen, el tema es que hasta ahora no han sido capturados los responsables directos e indirectos del asesinato del profesor Freytter, por lo que el gesto, sin castigo a los responsables finales, no queda como nada más que eso: un gesto.
Por eso vamos a los documentos.
Un postulado de Justicia y Paz con fecha del 14 agosto de 2012 dado por Johnny Rafael Acosta, alias 28 o Richard, involucró en el homicidio del profesor Freytter a un ganadero, palmicultor y empresario de la costa Caribe llamado Darío Alberto Laíno Scopetta. Según alias 28, este señor, dueño de la empresa de blindaje Blinco de Colombia, era un poder en la sombra que estuvo al nivel de Jorge 40 y Salvatore Mancuso, aunque pocos lo conocieron.
Pese a que Laíno Scopetta, alias Ojos Azules, JM, José Miguel o M1, fue una persona crucial, según varios testimonios, para que los grupos paramilitares penetraran las esferas militares, económicas y políticas en el Atlántico, e instrumental en el asesinato del profesor Freytter, el empresario sigue en total impunidad.
Por otra parte, alias 28 también involucró a Ubaldo Enrique Meza, exrector de la Universidad del Atlántico, con los hechos del asesinato del profesor de la misma planta, estableciendo que era un colaborador cercano de las Auc, de la misma manera que en el pasado lo había hecho otro paramilitar, Carlos Romero Cuartas, alias Montería, estableciendo que desde la rectoría les suministraban los nombres de algunas de sus víctimas. Frente a esto Meza ha negado esas versiones asegurando que se trata de simples venganzas personales.
Pues el 5 de mayo de 2010, alias Montería respondió un interrogatorio frente a la Policía Judicial en donde repitió este tema y también dio nombres específicos de los agentes del Gaula involucrados en este crimen y en operaciones que se hacían conjuntamente con paramilitares de los bloques controlados por Jorge 40.
Así, pese a los pedidos de la justicia, Jorge 40 nunca ha querido hablar del crimen del profesor Freytter Romero, aunque se ha dicho que fue ordenado directamente por él.
Ahora en Colombia, Jorge 40 deberá responder por esto y por más de 1.486 investigaciones que se le adelantan en la Fiscalía.
Pese a todo esto, desde mayo de este año el gobierno del presidente Iván Duque había nombrado al hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, al frente la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior, cargo al que renunció por motivos personales hace dos semanas cuando se conoció del inminente regreso del sádico exparamilitar a Colombia.
Evidentemente los delitos de sangre no existen, pero mirando las 65 órdenes de captura que existen en contra de Jorge 40 y las 109 medidas de aseguramiento por las 1.486 investigaciones, el nombramiento de su hijo en ese cargo era una afrenta en donde se estaba privilegiando a los victimarios sobre las mismas víctimas.