Por: María Elvira Samper

El volantín de la secretaria

EN MENOS DE UN MES, LA NUEVA SEcretaria de Gobierno de Bogotá, Mariella Barragán, dio un volantín de trapecista y dijo una cosa y la contraria sobre la presencia de las llamadas bacrim en la ciudad.

Recién posesionada aceptó que tenían repartido el poder, que en algunas zonas, ellas, y no la Policía, ejercen la autoridad, y que el objetivo de la administración era fortalecer el Plan Cuadrantes para reducir la criminalidad, pero el domingo pasado se contradijo en una entrevista a este diario y dijo que no hay evidencia de que operen en Bogotá. Se apartó así de una investigación que la propia Secretaría de Gobierno adelantó durante 17 meses en alianza con la Corporación Nuevo Arco Iris, que indica que las bacrim sí operan en la ciudad y advierte sobre la necesidad de prestar atención urgente y especial al fenómeno. Señala que en zonas como San Cristóbal y Corabastos las bandas se disputan el control del tráfico de drogas y de armas, y los índices de delincuencia son más altos. No obstante, Barragán sostiene que Bogotá “es hoy una de las ciudades más seguras del mundo, independientemente del pequeño robo que a veces nos mortifica”.

Repite el libreto de la administración Uribe en 2009, cuando descalificó el informe del Observatorio del Conflicto Armado —también de Arco Iris—, según el cual una nueva generación de paramilitares estaba extendiéndose en forma acelerada por el país. Por el afán de sólo destacar los éxitos de la política de seguridad democrática, el gobierno minimizó el fenómeno derivado del errático proceso de desmovilización de las Auc y se refirió a los nuevos grupos como bacrim —bandas criminales—, como si sólo fueran bandas de delincuentes dedicadas al narcotráfico. Desconoció que éste no era el único factor que las emparentaba con las Auc, que también golpeaban y amenazaban a las organizaciones sociales, sindicales y de víctimas, y que buscaban reconstruir nexos con sectores de la fuerza pública y dirigentes políticos. Como ministro de Defensa, Juan Manuel Santos encabezó el coro de los minimizadores, pero el fenómeno creció tanto que como presidente debió rendirse a los tozudos hechos y hoy una de las prioridades de su agenda de seguridad es combatir a las bacrim.

Con respecto a Bogotá, el informe del Observatorio advertía que como la disputa de esas bandas por zonas de la ciudad apenas empezaba, la administración estaba a tiempo para impedir que echaran raíces. De nada sirvió la alerta, el reciente estudio indica que, además de en las zonas ya mencionadas, su influencia se ha extendido a Los Mártires, Usaquén, Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar… “Las bandas tienen prácticamente cercada a Bogotá —dice León Valencia, director de Arco Iris—. La ciudad es muy vulnerable”. Cabe recordar que el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo a comienzos del año que era tiempo de actuar, de no dar más disculpas y, de hecho, el presidente ordenó desplegar 2.500 agentes más para enfrentar la criminalidad. Investigaciones de los últimos dos años indican que alrededor del microtráfico se han organizado siete “ollas” o estructuras criminales y un informe de Indepaz sostiene que la dinámica del mercado de armas y de drogas, el lavado de dinero y el sicariato en la capital no pueden desligarse de esos grupos. Los candidatos a la Alcaldía, sin excepción, coinciden en que las organizaciones criminales son la principal causa de la criminalidad en la capital.

¿Dónde vive la secretaria de Gobierno? Es posible que su intención haya sido dar un parte de tranquilidad, pero negar la realidad no es el camino correcto para enfrentar la inseguridad que no es, ni mucho menos, una pequeña mortificación para los que vivimos de Bogotá, sino el mayor problema.

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