Elección popular, frustración democratera

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Antes de la promulgación de la Constitución de 1991, el presidente de la República o su ministro de Gobierno (ahora del Interior) no se atrevían a designar como gobernador a un pícaro más o menos visible. Había que salvar las apariencias…, digamos, pues ¡qué vergüenza con la indiada! Con criterio parecido, el gobernador se cuidaba al nombrar alcaldes. Es cierto que entonces tales designaciones estaban reservadas a miembros de las castas políticas imperantes, pero en general no había quejas sobre su comportamiento en el manejo de la cosa pública.

Ahora, luego de la “democratización” de las alcaldías y las gobernaciones, al lado de candidatos honestos, no escasean los asaltantes para hacer su octubre y su negocio, no raramente mafioso. El espectáculo electoral es cada vez más repulsivo: un rufián por allí, o su hijo (en vista de que el padre está investigado o se sabe que compró votos o tiene pendientes jurídicos o, en fin, es un bellaco ya reconocido), o el muñeco de los paras o el títere bacrim se lanzan a conquistar electores o a poner a funcionar el TLC (teja, lechona y cerveza) para atrapar calentanos.

 

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