Por: Rodolfo Arango

Elecciones presidenciales: ¿libres o amarradas?

EN DOS MESES LOS COLOMBIANOS votaremos por presidente de la República en primera vuelta.

En una democracia bien arraigada los medios masivos de comunicación deben permitir la expresión libre e informada de la voluntad popular. No obstante, los estrechos vínculos entre los dueños de algunos de los medios masivos y el poder político impiden una competencia abierta y justa en la que las ideas y no sólo intereses particulares determinen los resultados. Cual carrera de caballos, sin auscultar críticamente sus tesis, ni permitir un verdadero debate entre los candidatos, algunos influyentes medios promocionan a sus candidatos y golpean a los contendores. Con escasas excepciones, los formadores de opinión en lugar de suministrar información veraz e imparcial sobre las diferentes propuestas, editorializan y dirigen el pensamiento de televidentes y radioescuchas para favorecer a sus preferidos. Con esta actitud los dueños de los medios y sus amanuenses revelan un comportamiento harto antidemocrático e inconstitucional que refleja falta de compromiso institucional y de conciencia republicana.

Una democracia fuerte e institucionalizada no permitiría la manipulación mediática de las elecciones. De hecho las donaciones de personas jurídicas, empresas o grupos económicos a las campañas presidenciales, sean en dinero o en especie, están prohibidas por ley. Por su parte, los aportes de personas naturales no pueden superar el 2% del tope de gastos totales, o sea $340 millones por persona, según el presidente del Consejo Nacional Electoral. La sanción por la violación de los topes de financiación de las campañas, establecida en el artículo 109 de la Constitución luego de la reforma de 2003, es la pérdida de la investidura o del cargo. Y no es para menos. Conocido es el poder del dinero, lícito o ilícito, para sesgar la voluntad popular. De la debida regulación de la influencia del dinero en las campañas electorales depende la salud y la vitalidad de la democracia.

La Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, preventivamente, deberían diseñar mecanismos de vigilancia a la donación en especie de los medios masivos de comunicación a las campañas presidenciales. ¿Cuántos minutos al día dedican, por ejemplo, la W Radio o el noticiero CM& a promover a su candidato Santos para que gane en primera vuelta, a dividir el Partido Conservador y golpear a Noemí o a ignorar a los demás candidatos? La consabida malicia indígena de dar más tiempo y cubrimiento a los candidatos punteros en las encuestas, porque eso reflejaría las preferencias de la población, no debe impedir el control efectivo en el uso del espectro electromagnético, bien público de todos. Cuando los deberes constitucionales de los dueños de los medios se impongan sobre sus intereses personales en el cubrimiento de las contiendas electorales, tendremos más y mejor democracia. La función de los medios masivos de comunicación, en especial en época de conformación de un nuevo gobierno, es suministrar información veraz e imparcial a los electores, no imponerles su criterio. En este contexto, más aún con la prohibición de aportes a las campañas presidenciales por parte de personas jurídicas, no cabe invocar el derecho a la libre empresa en cabeza de los dueños de los medios masivos de comunicación, esgrimido olímpicamente en el pasado.

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Se ha despedido Ignacio (Nacho) Abello para siempre. Su existencialismo sartreano, su preocupación por el país y su gran calidad humana nos harán mucha falta. Paz en su tumba.

 

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