Por: Elisabeth Ungar Bleier

Elecciones territoriales: ¿más de lo mismo?

A pesar de que la ley establece que las campañas de los partidos para las elecciones territoriales de octubre de 2015 solamente pueden comenzar seis meses antes de los comicios y tres meses antes las de candidatos, en muchas regiones ya están en plena marcha.

Faltando algo más de ocho meses, ya hay denuncias sobre violaciones de las normas que rigen para las elecciones. Por ejemplo, sobre publicidad electoral extemporánea, en especial pero no exclusivamente en departamentos donde las festividades de fin y comienzos del año se han utilizado para que algunos músicos de moda emulen a determinados aspirantes o para que las carrozas o vehículos desplieguen sus nombres o mensajes de campaña. También se han iniciado investigaciones preliminares sobre posible trasteo de electores, que generalmente se acompaña de la compra de votos, prácticas que no son nuevas en muchas regiones pero que claramente desvirtúan el derecho a votar libremente.

De otra parte, es muy preocupante observar que hay un considerable número de precandidatos que tienen vínculos estrechos con personas que han sido condenadas o están siendo investigadas por diferentes delitos, desde relaciones con el paramilitarismo, hasta temas fiscales, administrativos y penales de diversa índole. Incluso, hay algunos aspirantes que tienen en curso investigaciones en su contra. En relación con los primeros, se repetirá una y otra vez que en Colombia no existen los delitos de sangre, lo cual es cierto. Sin embargo, desafortunadamente la historia reciente nos ha mostrado que la política en cuerpo ajeno es una práctica que no ha perdido vigencia y que se traduce, entre otras cosas, en la captura de la institucionalidad estatal por actores vinculados con la ilegalidad. En cuanto a los segundos, les compete a las autoridades impedir que se postulen y a los partidos políticos no concederles el aval para que se inscriban en su nombre. Sin embargo, experiencias recientes han mostrado que prefieren “pasar de agache” ante las evidencias antes que sacrificar unos votos.

También hay varios precandidatos que son considerados los amos y señores de las licitaciones y de los contratos con el Estado en sus respectivas regiones, o están siendo apoyados por personas que lo han sido. Por supuesto esto no constituye por sí mismo un impedimento o un delito para aspirar a un cargo de elección popular, pero sí puede generar suspicacias sobre los intereses e intenciones que guiarán la gestión de los recursos públicos y de las contrataciones por parte de los elegidos.

Y como siempre, hay numerosos aspirantes que sin tener una trayectoria profesional o política medianamente relevante, pretenden ser elegidos con el apoyo de caciques políticos que buscan extender y perpetuar su dominio sobre sus feudos. Así, hermanos, tíos, sobrinos, hijos, esposas y ahijados, amparados en los votos y el apoyo de sus familiares, posiblemente llegarán al poder para seguir gobernando a sus anchas.

Estos hechos deben prender las alarmas del Gobierno, de los organismos electorales, judiciales y de control, porque afectan la transparencia y legitimidad del proceso electoral y la implementación de los acuerdos de La Habana en un eventual posconflicto. Esta no se puede dejar en manos de personas cuestionadas.

 

 

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