Quizá todos los que lean esta columna recuerden la década de los 80 y los quiebres y pérdidas que trajo para Colombia. La administración de Turbay, en representación reaccionaria del Partido Liberal, dejó un legado de represión y corrupción transparente. Luego vinieron Betancur y Barco Vargas con dos agendas de paz y con reformas pensadas para construir de maneras distintas el Estado. Del proceso de paz de Betancur nació la Unión Patriótica, una fuerza política que perdió aproximadamente a 3.000 de sus líderes y miembros asesinados a manos de ejércitos privados y públicos. Tiempo después el partido Esperanza, Paz y Libertad, creado en 1991, fruto de la desmovilización de la guerrilla del Epl, sufriría una suerte parecida. Unos 500 miembros de sus filas fueron asesinados por otras guerrillas y paramilitares. Desde esos días no se leían en prensa titulares sobre el asesinato sistemático de personas pertenecientes a un mismo colectivo político. Hoy, cuando acaba de cerrar 2020, son 249 las personas firmantes del Acuerdo de Paz asesinadas.
Manuel Alonso Villegas, de 55 años, conocido en la guerrilla como Romel, fue asesinado al mediodía del pasado domingo en el sur del país, en Miranda, Cauca. “Manuel Alonso, otro compañero que le apostó a la paz, le apostó a un sueño, pero las balas asesinas acabaron con ese sueño”, dijo la senadora Sandra Ramírez, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. “¿Dónde está el Gobierno, dónde están los programas de seguridad que deben llegar al territorio para garantizar la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz? Señor presidente, hoy le preguntamos, ¿dónde están?”, denunció. Villegas era parte del ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Monte Redondo, Miranda. Trabajaba junto con otros desmovilizados en un emprendimiento de fabricación y estampado de camisetas llamado La Leyenda.
Al mismo tiempo, al norte del país, se desentrañaba una historia similar. Rosa Amalia Mendoza, mujer desmovilizada de la guerrilla de las Farc-Ep, trabajó por la reintegración a la vida civil de la comunidad de exguerrilleros en el sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño. Luego de la firma del tratado de paz, laboró con la Asociación de Reincorporados de Montes de María y fundó la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del sur de Bolívar para reivindicar los derechos indígenas y campesinos de su región. Específicamente, para acceder a una vivienda digna tras los años de conflicto armado.
Quienes la conocieron cuentan cómo Mendoza se unió a las Farc-Ep siendo menor de edad, luego de que grupos paramilitares de la serranía de San Lucas amenazaran de muerte a su comunidad y su familia por considerarlas simpatizantes de la guerrilla. “Ella lo hizo porque estaba entre la espada y la pared con los ‘paras’. ¿Acaso quién quiere ser asesinado?”, aseguró uno de sus compañeros desmovilizados.
Los integrantes de Amor a Tiempo, cooperativa que comercializa los productos de exguerrilleros y comunidades victimizadas en la guerra, describen a Mendoza como una mujer callada y arraigada al Caribe. “Es que con el sonido del mar como compañía todo es más fácil”, les explicó cuando los conoció en 2017. Su mirada dura, recuerdan, reflejaba un “temperamento con julepe, como decía ella”. Mendoza tenía 25 años y fue asesinada junto con dos de sus familiares en una masacre el sábado 26 de diciembre entre los municipios de Montecristo y Santa Rosa, al sur de Bolívar. Su hija de dos años sobrevivió.
“Menos mal”, para parafrasear al poeta Gonzalo Arango, que Rosa Mendoza no irá al infierno, pues “ya pagó sus culpas en el infierno sin esperanzas de su patria”.