Por: Germán González

Emcali

Para rescatar una empresa pública del orden municipal, que por años estuvo en manos de quienes no siempre interpretaron los intereses generales de los caleños sino los de políticos, contratistas o sindicalistas con ambiciones desmedidas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) lleva más de ocho años de haber intervenido a Emcali, logrando algunas mejoras opacadas por la permanente aparición de fantasmas que indican que, además de la intervención estatal para fines de la reactivación empresarial, se requería una profunda transformación del modelo de operación como se hizo para Telecom en 2003.

Los procesos de transformación profunda en los operadores de servicios públicos del nivel municipal o departamental deben cumplir el trámite de una iniciativa a nivel de los respectivos concejos o asambleas, previa iniciativa del alcalde, mientras que en el nivel nacional se ha contado, en no pocas oportunidades, con leyes que facultan al Presidente para crear operadores y liquidar empresas inviables. Esto explica que la vía escogida para Emcali haya sido la toma de posesión para administrar,  hoy con fines liquidatorios no claros .

De esta experiencia, la SSPD ha tenido logros meritorios, pero insuficientes con el riesgo que, por lo extendido de su administración, entre en conflicto su función de fiscalizador con los intereses de operador de Emcali.  Plantear un Plan Estratégico de Gestión, como se hizo en 2007, no es una solución definitiva. Para esto, las autoridades municipales y la Superintendente deben estudiar, proponer y decidir sobre todas las opciones que hay, incluida la liquidación de Emcali y la creación simultánea de nuevas empresas con capital representado en acciones de propiedad estatal y del público. Esto implica costos políticos, pero, más allá, la mayoría de ciudadanos reconocerán la grandeza de la decisión de sus dirigentes y su vocación de servicio inspirado en el interés general.

La transformación profunda y definitiva que debe hacerse ya, además de garantizar la no interrupción en la prestación de servicios, debe permitir el pago a los acreedores, especialmente pensionados, trabajadores y privilegiados, sin afectar las finanzas públicas, como se hizo en el caso de Telecom, mediante el mecanismo de la explotación y uso de los activos y bienes afectos a la prestación de los actuales servicios, para que los nuevos operadores generen el flujo de caja suficiente para garantizar su funcionamiento eficiente y cancelar todas las obligaciones adquiridas por Emcali. Lo demás son soluciones temporales… 

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