Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Empecemos con el manejo del agua

PARA EMPEZAR A APROPIARNOS DEL Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND), aprobado el pasado 16 de junio (Ley 1450), iniciemos con el manejo integral del agua.

El PND hace referencia a la gestión integral del recurso hídrico y plantea lineamientos y acciones estratégicas referidas a las cuencas hidrográficas, la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio. Menciona la obligación de las CAR y los centros urbanos de hacer el acotamiento y la gestión de recuperación de la faja paralela a los cuerpos de agua, e incluye consolidar normas y exigir su cumplimiento para hacer efectiva la protección de humedales, páramos, zonas secas, bosques y manglares. El Artículo 210 es una reforma a la Ley 99 de 1993: promueve la adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales, y precisa que los departamentos y municipios dedicarán no menos del 1% de sus ingresos corrientes a la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Este último aspecto es un cambio importante que permite resolver conflictos sobre uso del suelo, sin expropiación y con beneficios para el propietario que conserva.

Anteriormente sólo había posibilidad de que la autoridad ambiental comprara el predio para conservación o restringiera sus formas de uso, sin ningún beneficio para el propietario. En ambos casos la tarea de control y vigilancia se ejercía por la autoridad ambiental, excluyendo la participación de la sociedad civil en el ejercicio de la conservación. Mientras los beneficios de la conservación llegan a terceros, los del uso agropecuario favorecen al propietario. Por esta razón, a pesar de tener conciencia de que destruir un acuífero o un bosque protector afecta a terceros, el propietario actúa por su beneficio personal o para poder pagar los impuestos. La conservación es algo “ocioso” para quienes realizan la actualización del catastro y del impuesto predial. Es urgente cambiar esta práctica y eximir de impuestos a quienes conservan, e incluso transferirles dinero por sus trabajos.

Esta decisión depende de los municipios y de las CAR, pues el PND dice que las instituciones podrán, en el marco de sus competencias, efectuar los aportes técnicos, financieros y operativos requeridos para la consolidación del instrumento de pago por servicios ambientales. El Plan también menciona que las entidades podrán integrarse a nivel de cuenca para la formulación, ejecución y cofinanciación de programas y proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación del recurso hídrico y sus ecosistemas. Anteriormente los municipios y entidades sólo podían invertir en su área de jurisdicción.

Adicionalmente, todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, bien sea para distritos de riego, consumo humano, recreación o cualquier otra actividad, deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica.

Activar estos aspectos del PND es tarea del Gobierno Nacional, Regional y Local y de nosotros como sociedad civil. Iniciemos cuanto antes.

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