Por: Eduardo Barajas Sandoval

Empeñados palabra y honor

Las declaraciones públicas de un jefe de Estado comprometen formalmente a su país. No es necesario que firme de manera solemne documentos oficiales para que sus afirmaciones o reconocimientos por los medios masivos de comunicación adquieran el valor de obligación formal.

El solo hecho de expresar lo que piensa, en su condición de conductor de la política de su gobierno frente a otras naciones, implica un compromiso público asumido ante todo el mundo. Si tales afirmaciones se hacen en ocasiones especiales, respecto de temas álgidos, sobre los cuales se espera su toma de posición para percibir el rumbo de su política, lo que diga no sólo deja comprometida su palabra, sino el honor nacional.

La práctica de las relaciones internacionales contemporáneas, y la manera como las máximas instancias de la justicia de ese orden toman en cuenta las declaraciones de gobernantes y de responsables políticos de los Estados, no deja duda sobre la fuerza vinculante que tienen las declaraciones hechas públicamente, o las que se dirigen a funcionarios de otros gobiernos, para proponer, reconocer, renunciar o anunciar intenciones de acción que pueden afectar a una contraparte o a los demás miembros de la comunidad internacional.

Al menos dos casos recientes de los llamados “actos unilaterales”, que obligan a uno u otro país a ser consecuente con las afirmaciones de sus dirigentes, pueden ilustrar la materia y servir de referencia para evaluar el alcance de las declaraciones de presidentes o responsables del manejo de las relaciones exteriores en el caso puntual de procesos como los que ahora se viven. Se trata de casos en los cuales afirmaciones en reunión privada o declaraciones públicas por parte de funcionarios de ese rango obligaron a sus países e incidieron de manera definitiva en el curso de disputas sometidas a consideración de tribunales internacionales.

Con motivo del pleito entre Dinamarca y Noruega por la soberanía en la Groenlandia Oriental, un ministro de relaciones exteriores noruego le dijo en Oslo al representante danés que su país no se opondría a la reivindicación de los daneses sobre el territorio en discusión. A pesar de que ese acuerdo no constó por escrito, al ser comunicado por el embajador danés a su canciller, dio paso para que la entonces Corte Permanente de Justicia Internacional decidiera el caso a favor de Dinamarca.

Más tarde, ya en época de la Corte Internacional de Justicia, Nueva Zelanda y Australia demandaron a Francia por la detonación de bombas nucleares en la atmósfera. Pero las declaraciones públicas del presidente francés y de sus ministros de defensa y de relaciones exteriores, en el sentido de que suspenderían definitivamente las pruebas, bastó para que el caso fuese cerrado.

Todo lo anterior nos sirve para recordar que hace unos días, en ocasión solemne, bajo el Altar de la Patria de San Pedro Alejandrino, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela dijo que: “El gobierno venezolano que yo dirijo ni apoya, ni permite, ni permitirá presencia de guerrilla, ni terrorismo, ni narcotráfico en territorio venezolano, y mucho menos que alguien diga que yo apoyo a la guerrilla o al terrorismo o como se llame. Eso es una infamia”.

No hay duda de que, con esas afirmaciones expresas e inequívocas, estamos ante la figura de una promesa de gran valor como fuente de derecho, en cuanto constituye una declaración de voluntad con intención de obligarse a adoptar cierto comportamiento respecto, en este caso, del Estado colombiano.

Con esa promesa, hecha en semejante escenario, ante el Presidente y la Canciller de Colombia, en compañía de su propio Ministro de Relaciones Exteriores, y por los medios de comunicación más diversos, que esperaban justo su punto de vista sobre la materia, el mandatario venezolano ha comprometido tanto su palabra como el honor de su patria.

*Decano de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario

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