Empresarios con las botas de la paz

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Me impresiono la fotografía con la cual abre El Espectador su edición correspondiente al domingo 17 de noviembre de 2019: un grupo de hombres y mujeres camino al ETCR Llanogrande, en Dabeiba, Antioquia, que, desprovistos de sus alamares de altos ejecutivos y de no conocer a algunos, su procedencia y su ya larga y fructífera militancia empresarial, hubiese dado de primera vista en confundirlos y no identificarlos con lo que en su vida han sido y son: combatientes silenciosos y comprometidos por la Paz de Colombia desde las trincheras del empresarismo y la solidaridad.

Promotores de la responsabilidad social efectiva en sus empresas, remeros a contracorriente en una mar de condiciones adversas: desigualdad, exclusión, discriminación social y corrupción en todas sus formas, tanto en el seno de la sociedad como en el del Estado, que han sido determinantes, caldo de cultivo histórico, para que las guerrillas, hoy desarmadas e incorporadas al torrente social, humano, político, a la economía y al aparato productivo, hubiesen alcanzado la preponderancia que por más de cincuenta años tuvieron como carburante de un conflicto armado que todavía sangra por lo social y cuya radical solución demanda del tipo de luchadores de los que hoy desde sus empresas y en el marco del Acuerdo de paz firmado hace tres años, aportan de manera efectiva y significativa para lograrlo.

Y no un simple “granito de arena”, como llaman ellos el aporte que en conjunto hacen sus empresas en una moneda cuya circulación, movilidad y uso históricamente restringido, la tierra, deja al descubierto el peso protuberante que este medio de producción ha tenido y tiene en el origen, desarrollo, reproducción y fin del conflicto social en Colombia; de su reducción y contención si se aboca de manera oportuna y frontal con el tratamiento correcto que demandan e imponen las circunstancias, que no vienen a ser otras distintas de darle a la tierra el uso, destino y propiedad que determinan las leyes sociales, el mercado y el ordenamiento y sistema jurídico vigentes.

En lo cual no es que la institucionalidad, Estado, Gobierno, ande del todo comprometida con su liderazgo, pues distinto de los grupos “Sura, Nutresa, Argos, Éxito, Proantioquia, Universidad Eafit,” todas empresas antioqueñas, no es visible ni sabido, por lo menos por este columnista, que en otras regiones de Colombia y espacios de reincorporación de excombatientes de las Farc, y en apoyo efectivo al desarrollo e implementación del Acuerdo de Paz suscrito y refrendado por el Estado, se esté dando el consenso generoso de su empresariado: ganaderos, agricultores, palmicultores, industriales, universidades privadas, gremios, centros de pensamiento, con los “miles de excombatientes que han demostrado su voluntad de reincorporarse a la sociedad y a los cuales debe brindárseles oportunidades reales para que construyan junto con sus familias, una nueva forma de vida dentro de la legalidad y de manera sostenible”.

Y aunque no es obligatorio tal apoyo, sí tiene un determinante moral y ético sustentado en el principio de responsabilidad social de las empresas como “agentes de cambio” capaces de trascender su ámbito económico y productivo privado. De contribuir de manera tangible, material, en el mejoramiento de la calidad de vida de aquel mayoritario grupo humano marginado de los medios, que no subsidios, para producir sus bienes básicos y consecuentemente su capacidad de demanda.

¡Adelante!

* Poeta.

@CristoGarciaTap

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