Por: Rafael Orduz

¿En contra del usuario?

LA ESCENA SE REPITE MILES DE VEces a la semana. Una señora mayor, con su tarjeta débito, hace fila en un cajero automático para retirar dinero.

Primero, pide información de su saldo. El trámite vale $6.900 pesos. El retiro de efectivo es otra operación, que le cuesta un monto igual. No tiene alternativa diferente a la de aceptar pagar dos comisiones cuyo valor es único en América Latina: US $ 7.50 para el retiro de una suma que, con certeza, busca cubrir necesidades domésticas inmediatas. Bajo el razonable supuesto de un retiro equivalente a US $ 100, nos encontramos de cara a una implacable tasa que inhibe el proceso de acercamiento de la ciudadanía al sector financiero formal.

Los portadores de tarjetas son ciudadanos matoneados tanto por la delincuencia que les clona sus códigos de acceso y realiza compras con cargo a sus fondos, como por comisiones y marcos contractuales legalmente impuestos por el sistema financiero en su contra.

Difícilmente se encuentra un tarjeta habiente que no haya sido víctima de clonación y de robo de sus fondos. La restitución del dinero puede presentarse semanas  o meses después, al final de un proceso en el que la carga de la prueba cae sobre la víctima.

Allegar documentación, llamar al servicio al cliente de la entidad bancaria, soportar la indolencia del agente al otro lado de la línea (demostrar que no se trató de auto robo),  para finalmente tener que sentirse agradecido de recibir un dinero que no estuvo disponible cuando se le requería, sin reconocimiento alguno de intereses.

Desde luego que las entidades bancarias tienen el derecho a cobrar por los servicios que prestan, bajo el supuesto de que se trate de tarifas justas y que correspondan a la calidad. Amén de eventos de clonación, atracos in situ, mala atención, contratos asimétricos, en el caso específico de las comisiones en cajeros automáticos, el usuario colombiano está desprotegido.

La extraordinaria paradoja de lo anterior radica en que, contrario a lo que la historia de la tecnología indica, es decir, su contribución a la reducción y abaratamiento de los eslabones en la producción y prestación de servicios, en Colombia se convierte en fuente de rentas al amparo de la desprotección del consumidor financiero.

La Superintendencia Financiera debería hacer pública información que compare las comisiones asociadas a servicios financieros en todo el mundo, particularmente las relacionadas con servicios de información y retiros en cajeros automáticos. Tarea fácil, con datos disponibles en internet. Se podrá apreciar el abuso en Colombia.

Las tecnologías de la información deberían estar al servicio del usuario. Lamentablemente, en diversos campos, están siendo utilizadas en su contra. Promesas de valor en internet que no corresponden a la verdad (hoteles que no lo son, colados en la oferta de prestigiosas agencias de viajes), chuzaDAS del tipo 2005-2010 (hackers públicos) y otras variedades están a la orden del día.

Buscar columnista